PRUEBAS EN EL AMPARO.

A la autoridad responsable toca la justificación de sus actos, y dicha autoridad debe comprobar, con las constancias conducentes, la legalidad de sus procedimientos. Dos son las condiciones que deben concurrir para negar el amparo: que el quejoso no compruebe las violaciones por él señaladas, y que la autoridad responsable pruebe que no ha violado ninguna garantía constitucional. La falta de informe, por parte de la autoridad responsable, establece la presunción de que es cierto el acto que se reclama, y si la autoridad no rinde prueba alguna, de la legalidad de sus actos, y el quejoso sí prueba la violación de garantías, procede conceder la protección federal.