PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA (LEGISLACION DE YUCATAN).

Si bien dentro de las orientaciones que informan la nueva legislación punitiva, el arbitrio judicial y con él los artículos 66 Y 67 del Código de Defensa Social del Estado, constituyen aspectos medulares de la misma, por virtud de los cuales los jueces se encuentran obligados, por imperativo de la ley y dentro de su capacidad a individualizar los casos criminosos sujetos a su conocimiento y con ellos las sanciones que al agente del delito deben ser aplicadas, con el fin de que no sean el resultado de un simple análisis de las circunstancias de hecho en que el acto criminal se realizó y de un enunciado más o menos completo de los caracteres ostensibles del delincuente, sino la conclusión racional, resultante del examen de su personalidad en sus diversos aspectos y sobre los móviles que le indujeron a cometer el delito, también es que cuando el juzgador aprecia correctamente las circunstancias señaladas por los artículos citados para la individualización de las sanciones y usa, en debida forma, del arbitrio judicial que le confieren esos preceptos, razonando su criterio de acuerdo con las constancias, no puede ser substituido ese criterio a través del amparo, porque se volvería nugatorio el ejercicio de tal facultad prudencial que la ley le confiere al juzgador.