ARBITRIO JUDICIAL (LEGISLACION DE NUEVO LEON).

Si bien es cierto que dentro de las orientaciones que informan la nueva legislación punitiva, el arbitrio judicial y con él, los artículos 49 y 50 del Código Penal del Estado, constituyen aspectos medulares de la misma, por virtud de los cuales los Jueces se encuentran obligados, por imperativo de la ley y dentro de su capacidad, para individualizar los casos criminosos sujetos a su conocimiento y, con ellos, las sanciones que al agente del delito deban ser aplicadas, con el fin de que no sean el resultado de un simple análisis de las circunstancias de hecho en que el acto criminal se realizó y de un enunciado más o menos completo de los caracteres ostensibles del delincuente, sino la conclusión racional resultante del examen de su personalidad, en sus diversos aspectos y sobre el delito, también lo es que cuando el juzgador aprecia correctamente las circunstancias señaladas por los artículos citados, para la individualización de las sanciones y usa, en debida forma, del arbitrio judicial que le confieren esos preceptos, razonando su criterio de acuerdo con las constancias procesales, no puede ser sustituido ese criterio a través del amparo, porque se volvería nugatorio el ejercicio de tal facultad prudencial, que la ley le confiere al juzgador.