QUERELLA, REQUISITOS DE LA, TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS Y MORALES.

El ofendido, de acuerdo con sus intereses, puede o no presentar su querella; en el primer caso, nadie puede hacerlo a su nombre sin la debida representación; en el segundo, su simple abstención basta para mantener inactivo el órgano judicial. Por tanto esa facultad que la ley confiere al particular, presenta las características de una acción personal que el ofendido pone en ejercicio mediante el instituto de la querella, como condición previa para la intervención posterior del Ministerio Público en el desarrollo de sus atribuciones. Que la querella constituye una acción que pertenece en forma exclusiva al ofendido, lo pone de manifiesto el hecho de que la misma es revocable. Deducida la querella e iniciado el juicio, el querellante puede desistirse de la misma, ya que a ello equivale el perdón que puede otorgar el ofendido, en los términos del artículo 93 del Código Penal. Siendo, en consecuencia, la querella, un derecho potestativo para el ofendido, tal derecho no puede ser ejercitado sino por su titular. Lo contrario desvirtuaría la finalidad de su instituto, que no es otra que dejar a los particulares ofendidos obrar en la forma que mejor convenga a sus intereses. Nuestro derecho positivo consagra este principio de la fracción I del artículo 262 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y, por lo tanto, las disposiciones relativas a la querella deben interpretarse de manera que se cohonesten y respondan a la esencia de su institución. Nuestro legislador de 1931, preocupado por la frecuente impunidad de delitos de índole sexual, sobre todo realizados en agravio de menores, por carecer éstos del discernimiento necesario para querellarse, atenta su incapacidad procesal que les imponía la necesidad de hacerlo por medio de su representante legal ante la posible, falta de la documentación comprobatoria de su estado civil y de la personalidad de sus representantes, trató de hacer más accesible, en su beneficio, el ejercicio de esa facultad, disponiendo al efecto en el artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal: "Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la querella de la parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los términos de los artículos 275 y 276", y agregando: "Si a nombre de la persona ofendida comparece alguna otra, bastará para tener por legalmente formulada la querella, que no haya oposición de la persona ofendida". Una interpretación correcta de la última parte del precepto citado nos lleva a la conclusión de que la misma alude tan sólo a una representación específica, o sea, que para tener formulada la querella en los delitos perseguibles a instancia de parte, es suficiente que el ofendido manifieste verbalmente su queja; y cuando sea menor de edad, basta la comparecencia de cualquier persona a su nombre. Esta interpretación lejos de destruir la esencia de la querella, se compagina con la finalidad de su instituto y se encuentra corroborada, además, por el contenido del artículo 115 del Código Federal de Procedimientos Penales, redactado con posterioridad al 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito, en lo que se inspira, y que expresa: "Cuando el ofendido sea menor de edad, puede querellarse por sí mismo, y si a su nombre lo hace otra persona, surtirá sus efectos la querella si no hay oposición del ofendido". Por otra parte, el señor licenciado Juan José González Bustamante, en su libro "Principios de Derecho Procesal Mexicano", página 202, dice: "las mujeres, lo mismo que los menores, pueden querellarse, pero si a nombre de los menores de edad lo hace otra persona, para que surta efectos la querella se necesita que no haya oposición del directamente ofendido". Pero pretender que cualquiera persona, en todos los casos, puede formular querella a nombre del ofendido, nos llevaría al absurdo de invalidar la finalidad de ese instituto, que no es otra sino la de que los particulares ofendidos obren en la forma más conveniente a sus intereses, pues se les despojaría de un derecho estrictamente subjetivo, que sólo puede ser ejercido por su titular, nulificándose la institución de la suspensión del procedimiento a que alude la fracción II del artículo 477 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y haciéndose nugatorios los efectos del consentimiento como medio extintivo de la acción penal que consagra el artículo 93 del código de la materia, ya que el presupuesto de la aceptación de la ofensa por la inactividad del lesionado, resultaría inoperante si el procedimiento pudiera iniciarse merced a la intervención de terceros. No debe tampoco olvidarse que el Ministerio Público exige invariablemente la ratificación de la querella cuando por el ofendido la deduce un tercero, antecedente que implícitamente presupone que el titular de la acción pública interpreta la frase "que no haya oposición de la persona ofendida", en el sentido de que para cerciorarse de que tal oposición no existe es necesaria esa ratificación. Y si esta interpretación es válida tratándose de ofensas inferidas a las personas físicas, con mayor razón debe prevalecer cuando el ofendido es una persona colectiva, porque en estos casos, el delito no lesiona personalmente a los miembros de la asociación, sino al interés colectivo de la misma y, por lo tanto, la querella no puede ejercitarse individualmente por cualquiera de los asociados, ni tampoco por el funcionario que ostente su representación jurídica para los asuntos ordinarios, sino tal sólo por aquel de sus órganos a quien la ley y los estatutos han otorgado capacidad procesal para ese efecto y al que específicamente se ha investido de una singular y exclusiva competencia para esos asuntos extraordinarios.