LIBERTAD CAUCIONAL.

Los Jueces de Distrito sólo podrán conceder la libertad caucional, en los amparos referentes a la garantía de la libertad procesal, cuando dicha libertad proceda conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso; y según el artículo 20, fracción I, de la Constitución, dicha libertad sólo puede otorgarse como garantía constitucional, cuando el delito que se imputa al acusado no merezca una pena mayor de cinco años de prisión, debiendo considerarse que el delito que se imputa al acusado, es aquel por el cual se dicte el auto de formal prisión, o el que señale la resolución contra la cual se pida amparo, no estando en las facultades de los Jueces Federales, hacer nueva calificación del delito, al resolver sobre la libertad caucional que en el amparo se les pida, y menos aún tienen facultades para calificar los hechos imputados, al establecer que éstos implican o no, la comisión de un delito, ni para desvirtuar el auto de formal prisión, al resolver sobre la libertad caucional declarando que los hechos en que se basa aquel auto, no constituyen delito, ni para hacer consideraciones sobre si el delito por el que debió decretarse la formal prisión es uno diverso del que se tuvo en cuenta.