LIBERTAD PERSONAL, SUSPENSION TRATANDOSE DE RESTRICCION DE LA (LIBERTAD CAUCIONAL Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO).

La suspensión procede respecto de todo acto restrictivo de la libertad personal, cualesquiera que sea la naturaleza y gravedad del delito que se imputa al quejoso, y para el efecto de que éste quede a disposición del Juez de Distrito, en cuanto a su libertad, y a disposición del Juez de causa, para la continuación del procedimiento criminal que se le instruye, pudiendo el Juez de Distrito dictar las medidas de aseguramiento que estime necesarias, según las circunstancias del caso, o conceder la libertad caucional si procediere, pero no deben confundirse las medidas de aseguramiento con las medidas de seguridad que toma también el Juez de Distrito, cuando concede una suspensión respecto de un acto restrictivo de la libertad personal, pues éstas no tienen por objeto como las otras, facilitar la devolución del acusado, a la autoridad responsable, sino impedir que ésta consume atentados, vejaciones o maltratos que afecten la dignidad o la integridad física de la persona del quejoso, para el caso de que no sea posible concederle la libertad caucional. Así, pues, es necesario establecer en forma sistemática; cuándo debe el Juez de Distrito conceder la libertad caucional dentro de la suspensión, y cuando debe dictar medidas de aseguramiento. Si la restricción de la libertad consiste en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas o por la policía judicial, por considerarlo responsable de algún delito, el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Amparo ordena que la suspensión se concederá si procediere, sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. En este caso, si ya tiene el carácter de acusado, la libertad caucional puede decretarla el Juez de Distrito, conforme a las leyes locales o federales aplicables al caso, dentro del espíritu que informa el artículo 20 constitucional, porque desde el momento en que fue detenido como presunto responsable de un delito, goza de las garantías que señala la fracción I de ese precepto, sin que pueda argüirse en contrario, que sólo el Juez del proceso tiene la facultad de conceder la libertad caucional; en primer lugar, porque no solamente este juicio puede considerarse del orden criminal, sino también el de garantías, donde se discute y analiza constitucionalmente por el Juez Federal, la interpretación y aplicación de la ley penal, porque siendo el efecto de la suspensión, que el acusado quede a disposición de este Juez como acusado sigue gozando de esa garantía, y no sólo el Juez del proceso, sino el de Distrito están obligados a mantenerlo en el ejercicio de ella, tal como lo dispone el párrafo penúltimo del citado artículo 136, en el cual textualmente dice: "En los casos de detención, por mandamiento de autoridad judicial del orden penal, o de auto de prisión preventiva, el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo caución, conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso."; y el párrafo siguiente dice: "La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando aparezcan datos bastantes que hagan presumir, fundadamente, que el quejoso trata de burlar la acción de la justicia.". En cambio, las medidas de aseguramiento claramente se diferencian de la libertad caucional, cuando el quejoso ha sido detenido arbitrariamente por autoridades administrativas, pues en este caso la suspensión opera en términos generales, es decir, queda que el quejoso a disposición del Juez de Distrito, quien lo pondrá desde luego en libertad provisional, mediante las medidas de aseguramiento que estime necesarias, a efecto de que pueda devolverlo a la autoridad responsable, si no se le concede el amparo, pero no solamente en este caso pueden dictarse medidas de aseguramiento, sino también en aquellos en que el quejoso pide la suspensión contra una orden de detención o contra el auto de formal prisión que todavía no se ha ejecutado. En otros términos, cuando todavía no ha sido privado el quejoso de su libertad y la suspensión la pide con el objeto de que no sea restringida la misma, el Juez de Distrito puede conceder la suspensión para que el quejoso quede a disposición, y en tal caso, dictará las medidas de aseguramiento que crea convenientes a fin de que el quejoso pueda ser devuelto a la autoridad responsable, si no obtiene el amparo de la Justicia Federal, pero esas medidas de aseguramiento no constituyen una libertad caucional, porque el agraviado todavía no ha sido privado de su libertad, sino que la suspensión lo mantiene libre y en condiciones de que fácilmente pueda ser aprehendido y entregado a la autoridad responsable, haciendo uso de esas medidas de aseguramiento, las cuales pueden consistir en la fijación de una garantía que no debe ajustarse a lo que dispone sobre la libertad caucional el artículo 20 de nuestra Constitución, sino que el Juez a su arbitrio, y tomando en cuenta las circunstancias personales del agraviado y la mayor o menor gravedad del hecho delictuoso que se le imputa, la fijará discrecionalmente, o simplemente, esas medidas de aseguramiento pueden consistir en que le imponga al quejoso la obligación de comparecer las veces que estime necesario, bien sea al Juzgado de Distrito o ante el Juez de proceso, respecto de éste, para la práctica de diligencias judiciales, o vigilarlo por medio de la policía, o cualquiera otra medida de aseguramiento que se juzgue necesaria.