TRABAJADORES REAJUSTADOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE TRES MESES DE SALARIOS A LOS.

Tratándose de saber si de acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Amparo, debió negarse la suspensión del acto reclamado, en lo que se refiere al pago de tres meses de salarios a los trabajadores reajustados, cuyos contratos de trabajo se habían dado por concluidos, debe decirse que la decisión de la autoridad responsable no es correcta, si al conceder la suspensión previa fianza, asienta que de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de conflictos económicos en los que se solicite la suspensión de labores, puede acordarse provisionalmente la medida, previa fianza que otorguen los interesados, para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al personal afectado, concluyendo que debe entenderse que la indemnización de tres meses de salarios a los trabajadores, no puede equipararse a los alimentos, y por lo mismo, puede concederse la suspensión definitiva previa la fianza correspondiente; y la anterior argumentación es incorrecta, en primer lugar, porque el presidente de la Junta responsable confunde situaciones procesales y de carácter provisional, con situaciones definitivas creadas por un laudo, que da por concluido un contrato de trabajo, y que consiguientemente, priva a los trabajadores de la fuente normal de sus ingresos, y en segundo, porque la suspensión en materia laboral se encuentra regida por las disposiciones a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Amparo, y en dicho precepto claramente se previene que tratándose de laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente de la Junta respectiva, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Este precepto de carácter netamente protector para las necesidades ingentes de los trabajadores, establece con toda claridad la forma y manera en que deben operar las autoridades a quienes incumbe resolver sobre la suspensión del acto reclamado, tratándose de laudos pronunciados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; y, en la especie, el laudo estableció la ruptura de los contratos de trabajo, y el consiguiente reajuste de los trabajadores afectados, quienes de momento quedan privados del ejercicio de las actividades laborales para obtener la satisfacción de sus necesidades primordiales.