ARQUEOLOGIA, BIENES RELATIVOS A LA.

La Ley sobre Monumentos Arqueológicos, de 11 de mayo de 1897, declara que son propiedad de la nación, todos los monumentos arqueológicos existentes en el territorio mexicano, prohibiendo la explotación, remoción y restauración de ellos, sin licencia expresa del Ejecutivo de la Unión, y para los afectos de esa ley, se reputan monumentos arqueológicos, las ruinas de ciudades, las casas grandes o habitaciones troglodíticas, las fortificaciones, los palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones, y, en general, los edificios que, bajo cualquier aspecto, sean interesantes para el estudio de la civilización e historia de los antiguos pobladores de México. En otro de sus artículos, considera delito, la destrucción o deterioro de esos monumentos, y todos sus preceptos hasta el quinto, se refieren a inmuebles, el artículo 6o, menciona los muebles y dispone que las antigüedades mexicanas, códigos, ídolos, amuletos y demás objetos o cosas muebles, que el Ejecutivo Federal estime como interesantes para el estudio dicho, no podrán ser exportados sin autorización legal, y sanciona con una multa al que infrinja tal disposición, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. El artículo 8o. establece que las antigüedades mexicanas adquiridas por el Ejecutivo, se depositarán en el museo nacional. De la redacción de esos preceptos, es forzoso concluir que el legislador declaró propiedad nacional los monumentos arqueológicos inmuebles que enumera, y con respecto de los muebles, prohibió su exportación sin autorización legal, sancionándola en la forma ya dicha; de modo que es indudable que la ley reconoció que pueden ser objeto de propiedad privada, las antigüedades muebles, supuesto que limitó su uso y tenencia al territorio nacional y ordenó que las antigüedades adquiridas por el Ejecutivo serían depositadas en el museo nacional. Esta facultad otorgada al Ejecutivo de la Unión para adquirir antigüedades, implica que dichos muebles son susceptibles de aprobación por personas distintas del Estado, lo que confirma la redacción de la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, de 31 de enero de 1930, que autoriza al Gobierno Federal para expropiar los bienes arqueológicos muebles e inmuebles, mediante indemnización, y faculta a los particulares para enajenarlos libremente; con la sola obligación de dar aviso a la Secretaría de Educación Pública, para que el Gobierno Federal pueda ejercer el derecho del tanto, extendiendo la prohibición a exportar a aquellas cosas muebles de propiedad privada, aun cuando no hubieran sido declarados monumentos arqueológicos si su conservación en el país fuera de interés público por su valor artístico; arqueológico o histórico; y la Ley de 27 de diciembre de 1933, que derogó la de 30 de enero de 1930, considera que las cosas muebles de origen arqueológico son monumentos y ordena el registro de la propiedad arqueológica particular, en los términos de su artículo 9o; de modo que si la ley reconoce la posibilidad de que los particulares sean propietarios y puedan adquirir objetos muebles de origen arqueológico, con las únicas limitaciones que establece la misma ley; es claro que existe derecho en favor de los particulares; de apropiarse las reliquias históricas muebles, y que no puede estimarse ya existentes y de acuerdo con la ley de mayo de 1897, el derecho de propiedad originaria de la nación; de todos los monumentos arqueológicos; solo por la restricción relativa a exportarlos, que precisamente esta restricción indica que la posesión y tenencia de esos objetos por particulares, dentro del territorio nacional; ha sido permitida por el poder público. Por otra parte, el Código Civil de 1884; consideraba al propietario de un terreno como dueño de su superficie y de lo que estaba de bajo de ella, por lo que podía usarlo y hacer en él todas las obras, plantaciones o excavaciones que quisiera. Conforme al mismo código, el tesoro oculto pertenecía al descubridor en sitios de su propiedad, con la sola restricción establecida en el artículo 761, y si tal código era aplicable en el momento de verificarse el hallazgo de reliquias arqueológicas, no puede considerarse que eran ajenas, con relación al dueño del terreno.