INSTITUCIONES DE CREDITO AGRICOLA.

Es verdad que conforme al artículo 168 de la Ley de Crédito Agrícola, los funcionarios y empleados de las instituciones de crédito, organizadas de acuerdo con la misma, serán considerados como encargados de un servicio público, para el efecto de las responsabilidades civiles y penales en que incurran en el ejercicio de sus funciones; pero esto sólo significa que la ley de que se trata ha equiparado a los funcionarios y empleados públicos de la Federación con los de las instituciones referidas, para el solo efecto de considerar los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, comprendidos en las formas típicas delictivas establecidas en el Código Penal de la Federación, como delitos oficiales, pero sin que esto implique que los funcionarios y empleados de tales bancos gocen del fuero constitucional a que se refiere el último párrafo del artículo 111 de la Constitución, o sea, el de ser juzgados por Jurados Populares, porque se trata de una ley de carácter excepcional y, por consiguiente, de interpretación y aplicación restrictivas, exclusivamente para los funcionarios y empleados públicos, únicos a quienes se refiere la ley de responsabilidades, que no puede aplicarse por extensión, a quien no sea propiamente funcionario o empleado público atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional.