PERSONERIA, EL AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES EN AMPARO, ESTA FACULTADO PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA DEL QUEJOSO.

La Suprema Corte de Justicia, al interpretar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo anterior, sustentó el criterio de que el autorizado para oír notificaciones sólo podía interponer el recurso de revisión verbalmente, en el momento en que se le hacía la notificación por medio del actuario; pero con fecha 1o. de agosto de 1939, sustentó tesis contraria, en el recurso de reclamación hecho valer por el licenciado Alberto Peón Ancona contra la resolución de la Presidencia de la Suprema Corte, dictada en el juicio de amparo promovido por Emilio Cázares Pérez contra actos del Juez de Primera Instancia de Mexicali y de otras autoridades, teniendo en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo anterior, habla de que el abogado autorizado por la parte para oír notificaciones, tiene la facultad de promover lo que estime conveniente en la respuesta a las mismas, y en el artículo 27 de la ley vigente se hace referencia a que las partes pueden autorizar a cualquier persona para oír notificaciones en su nombre, y que esa facultad de recibirlas, autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, en respuesta a la notificación; de manera que esta disposición, sustancialmente, es más precisa, puesto que determina sin género de duda, cuáles son las facultades que se conceden a la persona autorizada para oír notificaciones en el juicio de amparo. La misma ley determina en su artículo 12, que en los casos no previstos por esa ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo, en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; y en el caso del artículo 27, es claro que la propia Ley de Amparo fija las facultades que tienen las personas autorizadas para oír notificaciones, sin necesidad de demostrar su personalidad en los términos ordinarios del Código de Procedimientos Civiles, por lo que, ante una disposición específica que determina en forma clara que las personas autorizadas para oír notificaciones pueden interponer los recursos que procedan, claro es que debe aceptárseles, si los interponen en tiempo y forma. No puede aceptarse que los recursos que interpongan tienen que ser precisamente en el acto de la notificación y verbalmente, porque es inadmisible que pueda hacerse así, ya que el artículo 85 de la citada ley establece que en los juicios constitucionales, no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación, y el artículo 85 dice que el recurso de revisión, se interpondrá por escrito, en el que el recurrente expresará los agravios que le causen la resolución o sentencia impugnada, y el propio precepto señala los requisitos que debe llenar la revisión, si se interpone ante el Juez de Distrito o ante la Suprema Corte; de manera que si la ley, en una forma terminante, ordena que los recursos sólo pueden interponerse por escrito, con la debida expresión de agravios y con las copias del escrito para las partes, es claro que en ninguna otra forma puede interpretarse tal ordenamiento; y si se permitiera a los abogados interponer el recurso de revisión verbalmente, no podría señalarse el fundamento legal que sirviera de base para aceptar esa tesis, ya que de manera terminante el artículo 85 previene que el recurso debe ser por escrito. Además, es absurdo suponer que en el momento de la notificación que se hace al abogado, por medio del actuario, pudiera contestar verbalmente, interponiendo el recurso de revisión con expresión de los agravios que le causa la sentencia, porque aparte de que esto requiere la competencia necesaria para desde luego interponer el recurso, es necesario también tener a la mano las leyes que contuvieran los preceptos que se dicen violados por al sentencia recurrida y eso, prácticamente, es imposible; además, desde luego tendría que presentar las copias del escrito respectivo y se encontraría en la imposibilidad de hacerlo. Tampoco podría admitirse que si la notificación se hace por lista, el autorizado se presentara a contestar verbalmente, interponiendo el recurso de revisión y expresando los agravios respectivos, porque esa interpretación, además de ser ilógica, no responde al criterio amplio que tuvo el legislador, al dictar el artículo 27 de la Ley de Amparo, en el que sólo consideró la finalidad eminentemente práctica del juicio de garantías, ya que al hablar de personalidad, la citada ley señala las reglas que deben aplicarse para justificarla en el juicio de amparo; y en algunos casos señalados en el capítulo 2o., establece excepciones a las reglas de derecho común, y admite la gestión oficiosa y aun la promoción del amparo, por personas que no tiene capacidad legal para los asuntos judiciales, como cuando permite que el amparo se pida por cualquiera persona, a nombre del directamente agraviado, si se trata de actos que importen privación de la vida, ataques a al libertad personal, etcétera, y que el menor puede interponer el mismo juicio, sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se halla ausente o impedido; lo cual pone de manifiesto que en los casos en que la misma Ley de Amparo establece quién puede promover o interponer recursos, no debe exigirse la aplicación de las reglas generales, que son precisamente a las que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, si conforme a la citada ejecutoria, el autorizado para oír notificaciones puede interponer los recursos correspondientes, no al contestar la notificación respectiva, sino por escrito, por mayoría de razón debe estar facultado para contestar a nombre de la persona que lo autoriza, el requerimiento que el juzgado hace al agraviado, para que dentro de los primero tres días justifique la representación de sus menores hijos en cuyo nombre promueve, y es legal la resolución del Juez de Distrito que tiene por presentados los documentos respectivos y da entrada a la demanda de amparo.