RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DELITO, NO BASTA PARA FUNDARLA, LA SOLA EXISTENCIA DE UN AUTO DE FORMAL PRISION (LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO).

El artículo 191 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo determina que no puede promoverse en juicio meramente civil, la acción civil proveniente de un delito, sino cuando en el juicio criminal correspondiente existe una sentencia ejecutoria que declara ser delincuente el responsable y en los demás casos a que se refiere el propio precepto; y el artículo 193 establece que no será obstáculo para intentar la acción meramente civil, el haber sido absuelto el acusado en el juicio criminal, si no es que la absolución se funda en alguna de estas circunstancias: que el acusado obró con derecho; que no tuvo participación alguna en el delito o que tal delito no existe. La regla general establecida por la ley procesal, es la que señala el artículo 191 y el caso de excepción el a que se refiere el artículo 193. Ahora bien, si solamente aparece comprobado que se dictó auto de formal prisión en contra del acusado, y no que hubiera sido responsable del delito que se le imputa, por sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, el ofendido no pudo promover un juicio meramente civil, ante autoridades judiciales de ese ramo, en cobro de la responsabilidad civil proveniente del delito, ya que el caso no cabe en el artículo 193 del Código de Procedimientos Penales, porque al no haber sido condenado ejecutoriamente el acusado, como responsable del delito de lesiones, puede llegar a ser absuelto de toda responsabilidad criminal, aceptándosele la excluyente de legítima defensa que opuso. En consecuencia, la sentencia de segunda instancia que condena al acusado a pagar la responsabilidad civil proveniente del delito, carece en lo absoluto de base legal, y es violatoria del artículo 14 constitucional, que determina que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.