ACUSADOR O DENUNCIANTE, CUANDO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL.

El artículo 10 de la Ley de Amparo dispone que el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño, o a exigir la responsabilidad civil, pueden promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito, y de los bienes que sean afectados a la reparación o a la responsabilidad civil; pero debe entenderse que el ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño, pueden promover ese juicio, cuando en los procedimientos penales esté ejercitada la acción penal por el Ministerio Público que, según la Constitución Federal, es el único a quien compete ese ejercicio, pero no en los casos en que los representantes de esa institución dejan de ejercitar la acción penal por estimar que no existe delito, y pidan el levantamiento de los aseguramientos decretados, porque no ejercida la acción penal por quien le corresponde, los ofendidos, que son puramente coadyuvantes del Ministerio Público, no pueden oponerse legalmente a las determinaciones judiciales dictadas conforme a lo pedido por el representante social, y en consecuencia, es improcedente el amparo que se endereza contra la resolución judicial que manda levantar el aseguramiento de bienes que se practicó, a petición del Ministerio Público.