SUSPENSION, DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON MOTIVO DE LA.

Si el acto reclamado en amparo directo, es la sentencia de segunda instancia que condenó al demandado a otorgar al actor escritura de venta de una finca rústica, se trata de una obligación de hacer; y suspendida la ejecución del fallo, mediante la fianza otorgada, el quejoso tuvo el derecho de no otorgar la escritura, ni pagar las costas a que fue condenado, hasta que se fallara el juicio de garantías; respondiendo la fianza otorgada, de los daños y perjuicios que se causen al tercero perjudicado, actor en el juicio del orden común, por no otorgarse la citada escritura y por no hacerse efectivas, desde luego, las costas; y si la agraviada no obtuvo sentencia favorable en el amparo, el tercero perjudicado tuvo derecho para reclamar al fiador los daños y perjuicios. Ahora bien, conforme a los artículos 2108 y 2109 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicables atento a lo prevenido en su artículo 1o., se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, por la falta de cumplimiento de una obligación, y por perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; y de acuerdo con el artículo 2110, los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado o necesariamente deban causarse. Y si por virtud de la suspensión no fue otorgada por el demandado la escritura ni se pagaron las costas, los daños y perjuicios deben estimarse en la pérdida o menoscabo en el patrimonio del tercero perjudicado, por la no expedición o falta de otorgamiento de la escritura, por la falta del pago de las costas y gastos, y por los hechos futuros que hubieran dejado de realizarse por parte del tercero perjudicado; en otros términos, por la pérdida de la ganancia lícita que hubiera podido obtener sin obstáculo del acto imputado al demandado; y no puede considerarse como daños y perjuicios, el importe de los productos de la finca y los intereses legales sobre las cosechas anuales de la misma.