MINISTERIO PUBLICO, CUANDO PUEDE RECURRIR EN AMPARO LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PROCESO.

Si el Ministerio Público recurre en amparo la resolución judicial de segunda instancia, que declara no haber lugar a hacer efectiva la fianza que se otorgó para garantizar la libertad caucional de un procesado, fundamentalmente se reclama la posible violación de garantías cometida en su representación, no como entidad soberana, sino como sujeto de derechos patrimoniales, en representación del fisco, pues no hay que perder de vista que la ley establece que cuando se revoca la libertad caucional, el depósito o la fianza se aplicarán al Estado, siempre y cuando no exista sentencia que condene por la reparación del daño, pues en este último caso, la autoridad fiscal está obligada a depositar dichas cantidades, para que puedan ser aplicadas al fondo, con motivo de la comisión del hecho delictuoso que dio origen al proceso; porque entonces el Ministerio Público Federal, no comparece en el juicio de amparo reclamando garantías sociales, sino defendiendo derechos patrimoniales del Estado; en el primer caso la demanda sería ostensiblemente improcedente, pues es de explorado derecho que el sistema protector de garantías individuales no involucra el derecho social de castigar; pero no se está en presencia de ese caso, sino en el de analizar, por medio del amparo solicitado, si la autoridad responsable, al no ordenar la efectividad de la fianza, vulneró o no, en perjuicio de la persona moral Estado, garantías individuales. En consecuencia, la demanda no es notoriamente improcedente y debe admitirse y tramitarse.