PRUEBAS, APRECIACION DE LAS.

La autoridad que conoce de un proceso puede, en virtud de la facultad soberana que le conceden las leyes para apreciar las pruebas, condenar o absolver a un procesado de acuerdo con la estimación que haga de esas pruebas; y esta estimación de ningún modo puede ser materia del juicio de garantías, ya que, las garantías constitucionales para los procesados consisten en que sean juzgados por leyes exactamente aplicables al caso y expedidas con anterioridad al hecho delictuoso; y si en virtud de un conjunto de presunciones perfectamente enlazadas, se llega a la conclusión de que un procesado es culpable del delito que se le imputa, aun cuando pretenda eludir su responsabilidad con otra persona, porque a ésta le incumbía ejecutar algunos actos que aparecen omitidos, resulta que si en la ejecución de ciertos hechos que tienen el carácter de delictuosos y que por ser, precisamente, personales del procesado, éste debió tener un cuidado especial para llevarlos a cabo, no puede admitirse que fuera sorprendido en su buena fe por otra persona, ya que los actos sospechosos e indebidos del propio inculpado son reveladores de una posible connivencia entre ambos.