ORDEN DE APREHENSION.

No basta que preceda querella o acusación en contra de determinada persona, a la cual se imputa la comisión de un delito, para que sea constitucional la orden de aprehensión que contra la misma persona se dicte, sino que es de todo punto necesario que el Juez correspondiente, examine los actos imputados, para determinar si son delictuosos, sin que sea suficiente que el denunciante aplique a estos actos nombres de delitos, pues no son los nombres los que dan realidad a los hechos, sino que son los hechos mismos, intrínsecamente considerados, los que justifican el empleo de los conceptos. Tampoco basta que las legislaciones secundarias consideren como delitos, actos cuyo ejercicio está garantizado por la Constitución, como sucede con la difamación y la calumnia extrajudicial cometidas por medio de la prensa, que prevé y castiga la legislación de Veracruz, puesto que tales disposiciones no se ajustan a las limitaciones de la Constitución; porque la función social de la prensa, lejos de ser delictuosa, es de primera importancia para el progreso, la paz y el bienestar de las colectividades.