ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, PERSONALIDAD JURIDICA PARA LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE UTILIDADES EXCEDENTES.

La asociación en participación es efectivamente un contrato por el cual una persona permite a otra, que le aporte bienes o servicios dándole una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio, según es definida por el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y conforme a los artículos 253 a 257 de la misma, la asociación no tiene personalidad jurídica, razón social ni denominación; no está sujeta a registro; la participación se fija en los términos del contrato; el asociante obra en nombre propio; no hay relación jurídica entre los terceros y los asociados, y los bienes aportados, salvo la excepción consignada en la ley, pertenecen en propiedad al asociante. La asociación en participación no es, pues, aunque constituya unidad económica, sujeto de derecho y frente a los terceros no hay más que la persona del asociante quien, en nombre propio, efectúa las operaciones propias de la asociación; no es más que un contrato que liga al asociante y al asociado, pero que no crea relación jurídica alguna con los terceros; por consiguiente, las cargas tributarias de una actividad mercantil son a cargo del asociante, frente al fisco, que es el tercero, y su distribución entre asociante y asociado es materia del contrato que se hubiese celebrado, sin que en manera alguna pueda afectar el derecho del fisco. En tal virtud, el asociante. persona física o moral, viene a ser el causante del tributo; pero cuando el asociado no es una sola persona física, sino varias que tampoco constituyen una persona jurídica, sino solamente son copropietarios de la finca o negociación en cuya explotación se haya dado participación a otras personas, y, puesto que el estado de copropiedad no significa la existencia de una personalidad distinta de los condueños, no puede considerarse al conjunto de copropietarios como una sola entidad para los efectos fiscales, sino cuando la ley que establezca el tributo así lo disponga.