PETICION, INTERES JURIDICO EN EL AMPARO POR VIOLACION AL DERECHO DE.

Al reconocer el artículo 8o. constitucional el derecho de petición, y, consecuentemente, estatuir la obligación de las autoridades de acordar por escrito las solicitudes que se les dirijan y de hacer conocer el acuerdo al peticionario, no limita ese derecho sino en cuanto a la forma de su ejercicio, que debe ser por escrito, pacífica y respetuosa, y en materia política, la circunscribe a los ciudadanos; pero en manera alguna lo subordina a la procedencia o fundamentación de la solicitud, lo cual es materia de la decisión correspondiente. El citado precepto legal, consecuente con el régimen representativo y democrático adoptado en el país, ha consagrado como garantía individual, o sea, como derecho público subjetivo, la facultad de las personas para elevar solicitudes a las autoridades, y por lo mismo, de la propia disposición constitucional dimana el interés jurídico del solicitante para reclamar la falta de acuerdo y respuesta a su petición. En cuanto al cumplimiento de requisitos que la ley señala para obtener una autorización, es cuestión que no podría tratarse en el juicio constitucional, sino a través de la resolución que sobre esa cuestión dictara la autoridad responsable, porque de otra manera, el juzgador se substituiría indebidamente a aquélla, máxime cuando la cuestión planteada se limita a la falta de acuerdo y respuesta y no a una resolución denegatoria de la solicitud.