EMPLEOS, CREACION Y SUPRESION DE LOS, POR LAS LEGISLATURAS.

Las Legislaturas de los Estados, pueden, en cualquier momento suprimir y crear los puestos que consideren necesarios, y no es de alegarse que los titulares tienen respecto de los mismos, derechos adquiridos que en un caso determinado puedan dar lugar a que se alegue la retroactividad de la ley para exigir del estado la conservación de determinado empleo, es decir, no existe base para fundar un derecho frente al Estado, para que éste mantenga un determinado puesto público con una determinada asignación presupuestal; pero mientras un puesto público no sea suprimido y subsista la partida presupuestal, si pueden invocar derechos los interesados, en relación con los actos de autoridad que desconozcan o vulneren determinadas garantías individuales. Por tanto, si un decreto suprimió la partida correspondiente a un puesto público, lo que trajo como consecuencia la supresión del mismo, debe declararse que el aludido decreto tiene aplicación desde la fecha en que realmente fue expedido y que deben cubrirse sus sueldos al quejoso hasta la fecha en que se le notificó que no puede volver a su puesto; pero no por ello está capacitado para exigir que se le reponga en un empleo que ya no existe, pues en este aspecto, la actitud de la legislatura no puede, de ninguna manera, tacharse de inconstitucional.