REMATES FISCALES.

Si los actos reclamados se hacen consistir en el remate y la adjudicación de un inmueble, y éstos quedaron debidamente acreditados, debe decirse que aunque un remate y una adjudicación, no son en sí mismos violatorios de garantías individuales, la prueba de la constitucionalidad de tales actos incumbe a la autoridad que los verificó, esto es, es a ella a quien corresponde justificar que sus actos se apegaron a la ley de la materia, para que se considere que no hubo violación de garantías, lo que no se efectúa cuando en el caso, la autoridad responsable se concretó a manifestar por vía de informe, que se habían llevado a efecto dichos actos deduciéndose del comprobante que anexó, que el procedimiento relativo se había apegado a las formalidades legales, documento que consiste en una copia certificada de una notificación hecha por un notario, participando que, en rebeldía del de cujus, había sido vendida la finca en cuestión, lo que acredita únicamente la existencia del acto consistente en la adjudicación de ese inmueble a otra persona, pero esto no justifica que dicha responsable hubiera seguido un juicio económico coactivo en el que se hubiere oído a la sucesión quejosa, si ni siquiera consta que se hubiera notificado alguna resolución o acuerdo recaído en el juicio administrativo respectivo.