NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO.

Con apoyo en el artículo 30 de la Ley de Amparo, la sentencia de un Juez de Distrito pronunciada varios días después de haber comenzado la audiencia relativa, debe notificarse personalmente a las partes, a fin de que estén legalmente capacitadas para conocerla. Cuando se trata de un auto que declaró ejecutoriada una sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, como el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, debe considerarse como formando parte de un sistema completo, y supone el cumplimiento del artículo 155 que obliga a los Jueces de Distrito a dictar sus fallos en el propio acto de la audiencia, para que el quejoso tenga oportunidad de enterarse del sentido de ese fallo y pueda hacer uso, en su caso, del recurso que proceda, si dicho Juez de Distrito comienza a celebrar la audiencia de derecho en determinada fecha, en la que se dijo: "vistos los presentes autos del juicio de amparo...", etcétera, habiendo sido varios días después, cuando lo permitieron las labores del juzgado, cuando dio por terminada dicha audiencia cerrando el acta y firmando la sentencia, si se notifica por lista a la parte quejosa, debe estimarse, que en atención a que transcurrieron varios días entre el comienzo de la audiencia y su terminación y pronunciamiento de la sentencia, la expresada parte quejosa podía no haber estado en aptitud legal de enterarse de la notificación relativa por medio de lista, ya que el legislador, al establecer la forma de notificaciones por este medio, no supuso que los Jueces de Distrito dejaran transcurrir varios días desde el comienzo de la celebración de la audiencia para dictar su fallo, ni tampoco puede atribuírsele el propósito, por injusto y antijurídico, de obligar a las partes a que estén constante e indefinidamente pendientes en un tribunal, esperando una resolución para cuyo pronunciamiento se ha fijado determinada fecha, y es claro que el auto que declaró ejecutoriada la sentencia debe revocarse. la anterior interpretación es congruente con el espíritu de la fracción IX del artículo 107 constitucional.