ESTADO, CUANDO PUEDE PEDIR AMPARO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica de los 103 y 107 Constitucionales, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que reclamen, afecten los intereses patrimoniales de aquéllas. Ahora bien, el Estado, cuerpo político de la Nación, puede manifestarse en sus relaciones con los particulares, bajo dos aspectos distintos: como entidad soberana, encargado de velar por el bien común, por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria; y como entidad jurídica, porque, poseedora de bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, le es necesario también entrar en relaciones de naturaleza civil, con los poseedores de otros bienes, o con las personas encargadas de la administración de aquéllos. De lo anterior se deduce que el Estado, como persona moral, capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otros, entre ellos, el recurso de amparo; pero como entidad soberana no puede ejercer ninguno de estos medios, sin desconocer su propia soberanía, dando lugar a que se desconociera todo el imperio, toda la autoridad o lo atributos propios de un auto soberano.