AMPARO CONTRA UNA LEY.

No es indispensable que se señale a la autoridad que expide un decreto, para que se analice la constitucionalidad del mismo, pues esta Corte ha establecido que cuando una ley en general, no envuelve en sí un principio de ejecución, por su sola promulgación, no están obligados los particulares, a solicitar el amparo, sino hasta cuando se trata de aplicarla y perjudique concretamente a determinado particular, y en ese caso, basta que se señale a las autoridades que tratan de aplicar la ley que se estima anticonstitucional, para que se estudie la inconstitucionalidad que se plantea pues la Ley de Amparo previene que éste puede pedirse contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o trate de ejecutar el acto que se reclama, contra la autoridad de que haya emanado, o contra ambas. Por lo cual, cuando se reclama, no la expedición en sí, de un decreto, sino la aplicación del mismo, el momento oportuno y legal para pedir el amparo, alegando la inconstitucionalidad, es precisamente cuando se trata de aplicar la ley, y por ende, no es indispensable que se señale como responsable, a la autoridad de quien emana.