SUPLICA, RECURSO DE.

Debe modificarse la jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte, en el sentido de estimar inconstitucional el recurso de súplica establecido por el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, reformado por Decreto de 30 de diciembre de 1935. La razón primordial que apoya dicha jurisprudencia, consiste en afirmar que el propósito del legislador constituyente fue suprimir totalmente en nuestro sistema jurídico, el recurso de súplica, al hacerlo desaparecer del texto del artículo 104 constitucional, por reforma de 10 de enero de 1934, para dejar subsistente sólo el recurso de apelación, contra las sentencias de primera instancia, y que, por tanto, el Decreto que volvió a establecer la súplica, en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, es contrario al precepto constitucional reformado. Ahora bien, el primer concepto que funda la jurisprudencia que se estudia, no es aceptable, porque la reforma constitucional aludida, que eliminó el texto del artículo 104 de nuestro Código Fundamental, un recurso que se daba en jurisdicción concurrente, a las partes, en "todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales", sólo purgó de un defecto de técnica, al mencionado precepto constitucional; y el recurso de súplica establecido por el Decreto de 30 de diciembre de 1935, como medio de defensa del fisco en los juicios de oposición, ninguna afinidad sustancial tiene con institución procesal abolida; y no podría tenerla, porque el Poder Legislativo, al instituir un recurso judicial en una ley secundaria, actuó conforme a los principios de técnica legislativa bien conocidos, que aconsejan que el Código Fundamental de un país no instituya figuras procesales, sino que finque la estructura esencialmente política de la Nación, quedando reservada para el legislador secundario, la función de organizar el sistema procesal de los tribunales de justicia. De manera que la súplica constitucional abolida, tenía objetos y finalidades esencialmente diversos de los que corresponden a la posteriormente establecida: aquélla fue instituida para los asuntos de jurisdicción concurrente, y se daba a las personas dentro de la controversia, y en cambio, la súplica en materia fiscal jamás ha sido materia de dicha jurisdicción, y solamente se otorga al Ministerio Público, como representante de la Hacienda Pública, pues el particular, actor en el juicio de oposición, tiene expedita la vía de amparo, que está vedada al Ministerio Público. El segundo capítulo en que descansa la tesis combatida, se refiere a que el mencionado Decreto de 30 de diciembre de 1935, es contrario a la fracción I del artículo 104 constitucional reformado, en cuanto pretende revivir preceptos reglamentarios de la Ley de Amparo anterior, sin existir ya la disposición fundamental que reglamentaban. Esta segunda razón tampoco es aceptable, pues si bien el Poder Legislativo dispuso que el nuevo recurso se tramitase conforme a las disposiciones del capítulo primero del título segundo de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 104 Constitucionales, restableciendo para ese efecto su vigencia, es incuestionable que lo hizo para facilitar el uso del nuevo recurso instituido, por una parte, y por otra, para no hacer una repetición de mera forma, respecto a las disposiciones reglamentarias que restableció. Además, conforme a la teoría de Pasquale Fiore, que consagra los derechos universalmente reconocidos en todos los pueblos civilizados, la procedencia de un recurso debe inquirirse con relación a la fecha en que se pronuncie la sentencia, y si en esa fecha había una ley que establecía un recurso, el mismo puede hacerse valer legalmente; de suerte que si se admite la posibilidad de que se enderece el recurso de súplica con relación a las sentencias pronunciadas por los Magistrados de Circuito, es porque la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, que creó dicho recurso, estaba en vigor cuando se pronunciaron esas sentencias, sin que valga decir que se trata de revivir leyes muertas. Cabe agregar que el artículo 104 constitucional establece una competencia genérica a favor de los Tribunales de la Federación, para resolver las controversias de orden civil o criminal que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, y si la fracción XXI del artículo 73 constitucional de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que reglamenten las atribuciones otorgadas a los demás órganos del poder público, es innegable que al reformar dicho Congreso el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, que creó dicho recurso, estaba en vigor cuando se pronunciaron esas sentencias, sin que valga decir que se trata de revivir leyes muertas. Cabe agregar que el artículo 104 constitucional establece una competencia genérica a favor de los Tribunales de la Federación, para resolver las controversias de orden civil o criminal que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, y si la fracción XXI del artículo 73 constitucional da facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que reglamenten las atribuciones otorgadas a los demás órganos del poder público, es innegable que al reformar dicho Congreso el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, no hizo sino determinar la forma en que la Suprema Corte de Justicia debe ejercitar una facultad constitucionalmente encomendada a los Tribunales de la Federación, para resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales; por lo que no puede decirse que con ello haya otorgado una competencia a uno de los órganos del poder público, con violación del pacto federal. Por último, el tercer argumento que apoya la jurisprudencia de que se trata, y que no es de aceptarse, se refiere a que la ley que restableció la súplica es contraria al artículo 13 de la Constitución, en cuanto este precepto previene que nadie puede ser juzgado por leyes privativas. No tiene esa ley el carácter privativo que se le atribuye, ya que las sentencias dictadas en apelación, conforme al artículo 104 constitucional, cuando afectan intereses de particulares pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo, y como al Fisco Federal le está vedado ir a ese juicio, porque el mismo tiene exclusivamente por objeto proteger las garantías individuales, de las cuales carece el poder público, nada más equitativo, según lo estimó el Congreso de la Unión, que otorgarle el recurso de súplica, para equipararlo al particular, en la similitud de defensas, con el fin de que esté en posibilidad de obtener la reparación de los agravios que le infieran las sentencias de segunda instancia, dictadas en los juicios de oposición.