EJIDATARIOS, AMPARO CONTRA EL DESPOSEIMIENTO DE TIERRAS A LOS.

Si una comunidad agraria reclama en el amparo el desposeimiento de tierras sufrido por los ejidatarios que la integran como consecuencia de un dictamen emitido por la oficina de la Pequeña Propiedad y aprobado por el Presidente de la República, debe estimarse que el perjuicio que resienten en tal caso dichos ejidatarios, no es definitivo, por lo que el juicio de garantías es improcedente, conforme a la fracción IX del artículo 107 constitucional. En efecto, de las diversas disposiciones constitucionales relativas se desprende, sin lugar a dudas, que el derecho fundamental que tienen los pueblos o núcleos de población, de solicitar las tierras y aguas que necesiten para su desarrollo económico, siempre subsiste, mientras tengan necesidad de ellas; por lo que ni las autoridades agrarias ni los pueblos interesados, tienen obstáculo legal alguno que impida que en cualquier tiempo se hagan las dotaciones o restituciones necesarias en beneficio de éstos; siendo de advertirse además, que el mencionado derecho que tienen los pueblos, a tierras y aguas, se refiere a las que necesiten para su desarrollo económico, pero no precisamente a determinadas tierras.