AMPARO CONTRA UNA LEY QUE CONTIENE UN PRINCIPIO DE EJECUCION.

La Suprema Corte de Justicia, en los amparos promovidos contra actos administrativos, ha resuelto que el término de interposición, se cuente desde la fecha en que oficialmente se hace saber al interesado, el acto que da origen al amparo, aunque por otros conductos, no oficiales, haya tenido conocimiento de dicho acto. Este criterio es el mismo que rige para las notificaciones en la legislación federal, conforme a la cual surten sus efectos desde que el litigante, por sus propias promociones, se hubiere manifestado en juicio, sabedor de la resolución. Por tanto, el hecho de que frecuentemente se haya pedido por el quejoso, amparo contra un decreto sin impugnar de anticonstitucional, demuestra que tácitamente lo ha aceptado como apegado a la Constitución y, por tanto, el amparo que promueva contra el decreto mismo, es improcedente, si tal decreto llevaba implícita la ejecución del acto que se reclama.