PETROLEO, CONCESIONES PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL.

El Código de Minería de 1884, la Ley Minera de 4 de junio de 1892, y la de 25 de noviembre de 1909, otorgan al dueño del terreno, la facultad de explotar el petróleo del subsuelo, sin necesidad de permiso de autoridad alguna, así como la de transmitir ese derecho a título oneroso o gratuito; por lo mismo, la transmisión hecha o el acto de disposición realizados antes del 1o. de mayo de 1917, en que entró en vigor la actual Constitución, no pudieron afectarse o desnaturalizarse por el artículo 27 de ésta, que sólo es aplicable al subsuelo en el que no se haya usado de tal facultad, ya iniciando el superficiario trabajos de explotación, o ya traspasado el derecho de explotación, por contrato gratuito u oneroso. Este criterio fundamental es el mismo que inspiró la vigente Ley del Petróleo, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y consecuentemente, dentro de tal criterio, no pueden considerarse como terrenos libres, ni aplicarse las sanciones establecidas por los decretos de julio y agosto de 1918, ni permitirse sobre ellos denuncio alguno, aquellos en los que se hubiere manifestado la voluntad del superficiario, para aprovechar el subsuelo, ya por causas de haber iniciado trabajos de exploración o explotación, antes del 1o. de mayo de 1917, ya por haber transmitido legalmente antes del citado día, ese derecho, disponiendo del mismo. Fuera de estas causas, la ley y la jurisprudencia admiten la legal aplicación de aquellos decretos; y ello es tan cierto, que la ley reglamentaria del petróleo, establece, en sus artículos 14 y 12, la concesión confirmatoria, sin costo alguno, para los titulares de derecho al subsuelo, anteriores a mayo de 1917, y la confirmatoria también para los denunciantes, conforme a los decretos de 1918, si sus denuncios no recayeron sobre terrenos sujetos a la concesión confirmatoria privilegiada, de derechos anteriores a aquella fecha. Todo el desarrollo de las actividades del Estado para reglamentar el artículo 27 constitucional, y todas las gestiones de sus impugnadores, han girado alrededor de la definición del derecho de explotación del subsuelo petrolífero, ya como emanación de un derecho adquirido o bien como efecto de la facultad soberana de concesionar, establecida en la ley constitucional, y la controversia entre los explotadores o aspirantes a la explotación del subsuelo nacional y el Estado, ha tenido por efecto fijar las posiciones de la nación enfrente de los derechos adquiridos y la realidad de los de esta especie, que el Estado reconoce y respeta; y es evidente que si una empresa y sus causantes no han sido titulares de derechos anteriores al 1o. de mayo de 1917, y se les concede permiso para perforar y explotar, bajo la posibilidad de que lo fueren, con el carácter de provisional y sin perjuicio de tercero, la misma no puede aprovecharse del producto de la explotación, toda vez que no es verdad que tal permiso constituya una verdadera concesión, que legalizó su explotación y le permitió apropiarse legalmente del producto de ella, dentro del concepto de las circulares que contienen los acuerdos presidenciales de 1o. de agosto de 1917, y de 17 de enero de 1920; porque tales acuerdos se tomaron para evitar perjuicios a los titulares de derechos adquiridos, antes de esa fecha, y que no habían hecho las manifestaciones ordenadas en los decretos de 1918, pero exigiéndose para la eficacia de los permisos, su revalidación posterior, de acuerdo con la ley orgánica del petróleo, que se expidiera después y con la obligación de acatar los preceptos de la misma; y en el concepto de que el permiso ningún nuevo derecho daba, ni implicaba, para el gobierno, el abandono de lo que desea defender, ni prejuzgaba las cuestiones pendientes ante los tribunales, sobre aplicación del artículo 27, y de las disposiciones dictadas para ponerlo en práctica, en materia de petróleo; por lo que sólo habiendo obtenido, por medio del amparo, que se declarase legal la oposición al denuncio que originó la concesión de un tercero, o alcanzando la concesión confirmatoria, de acuerdo con el artículo 14 de la ley orgánica del petróleo, pudo legalizarse la explotación que se efectuó al abrigo del permiso provisional, porque cualquiera de aquellas dos cosas habría implicado el reconocimiento de derechos adquiridos antes del 1o. de mayo de 1917; pero cuando la concesión confirmatoria ha sido negada y el amparo sobreseído, carece de base jurídica la explotación efectuada, y resulta sin derecho y con perjuicio de tercero.