PENSIONES MILITARES DE RETIRO.

Si la Secretaría de Guerra y Marina, por acuerdo del ciudadano presidente de la República, dispuso con fecha de 30 de mayo de 1919, que a partir del primero de junio de ese año, se concediera pensión de retiro por más de veinticinco años de servicio, a un miembro del antiguo Ejército Federal, no sería jurídico suponer que dichas autoridades hayan acordado la pensión, sin haber hecho antes el estudio que necesariamente debe preceder a todo acuerdo de una autoridad, y es claro que por haberse concedido la propia pensión, el beneficiado adquirió, en los términos de la fracción I del artículo 56 de la Ordenanza General del Ejército, de 11 de diciembre de 1911, el derecho de percibir la pensión, y que ese derecho entró a formar parte de su patrimonio. Ahora bien, como las autoridades administrativas no pueden revocar sus acuerdos, cuando éstos crean derechos a favor de particulares, es evidente que si la Secretaría de Guerra y Marina, juzgando que el pensionado no tiene derecho a la situación de retiro, dentro del nuevo ejército, por no haber prestado a partir del 19 de febrero de 1913, en que se le había concedido el retiro, los servicios indispensables para ello, conforme a los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Retiros y Pensiones de 1926, declara que no tiene derecho a gozar el beneficio de pensión, dicha secretaría no puede, de propia autoridad, privarlo del derecho que adquirió, por el hecho de haberse acordado su pensión de retiro el 30 de mayo de 1919, después de llenarse todos los requisitos legales; sino que para ello habrá que observar las formalidades que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales; además, el artículo 73 de la Ordenanza General del Ejército, que rigió el retiro y pensión concedidos y el artículo 15 de la Ley de Retiros y Pensiones de 1926, expresamente estatuyen que el derecho a retiro, y por tanto, la pensión, sólo pueden perderse por traición a la patria, pérdida de ciudadanía, o por rebelión contra las instituciones legítimamente constituídas, y es notorio que al cancelarse el retiro y pensión, sin haberse llenado los requisitos legales, se violan las expresadas garantías individuales. Cierto es que de conformidad con el artículo 41 de la citada Ley de Retiros y Pensiones de 11 de marzo de 1926, quedaron sujetas a revisión todas las pensiones militares otorgadas hasta esa fecha; pero aparte de que el invocado precepto es inaplicable al caso, por su notoria retroactividad, ya que autoriza a estatuir sobre derechos concretos, adquiridos con anterioridad a su vigencia, para modificarlos o nulificarlos, hay que tener en cuenta las disposiciones del artículo 73 de la Ordenanza General del Ejército, de 11 de diciembre de 1911 y el artículo 15 de la ley de 1926, en el sentido que antes se indicó.