AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPOSICION DE PENAS POR.

Si la Constitución General de la Pública, en su artículo 16, establece como garantía individual que, tratándose de la autoridad judicial, toda aprehensión o detención debe estar apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito, es indudable que, tratándose de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, tanto la aprehensión como la detención, deben, igualmente, apoyarse en alguna prueba, ya que no hay razón alguna para que aquel a quien se imputa una infracción de policía, que no amerite más que multa o, en su defecto, arresto goce de menores garantías que aquel a quien se imputa algún delito de la competencia de las autoridades judiciales; y si el artículo 21 constitucional, faculta expresamente a las autoridades administrativas, para llevar a cabo la aprehensión, cuando se trata de infracciones flagrantes, tratándose de una ley de excepción, no puede aplicarse sino a los casos especiales previstos por ella; así es que, constitucionalmente, la autoridad administrativa no tiene facultad para detener a ningún individuo, cuando ha cometido una infracción a los reglamentos de policía y buen gobierno, que se castiga con multa o en su defecto arresto, reduciéndose su misión a hacerlo comparecer para que se levante el acta correspondiente, y a imponer esa multa o arresto, y deberá hacer del conocimiento del inculpado, la imposición de aquélla, concediéndole un término racional para pagarla y únicamente en el caso de que no lo haga, podrá librar la orden de aprehensión a efecto de que compurgue el arresto. Si el procedimiento de las autoridades administrativas no se ajusta a lo anteriormente dicho, viola las garantías que otorgan los artículos 16 y 21 constitucionales.