PETROLEO.

Cuando se presenta un denuncio relativo a un terreno petrolífero, que ya se ha dado en concesión, en el amparo que solicite el concesionario contra la tramitación del denuncio, no es motivo para negar la suspensión, el hecho de que el Estado deje de percibir los impuestos correspondientes a la explotación del petróleo, de conformidad con los artículos 48 y 49, del decreto de 8 de agosto de 1918, ya que estos impuestos quedan justa y legalmente compensados con los beneficios que la nación se haya reservado en la concesión otorgada; por lo tanto, en estos casos, procede conceder la suspensión previa fianza, para garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado.