CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

El artículo 27 constitucional da una amplísima facultad al Ejecutivo de la Unión para declarar nulos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores, desde mil ochocientos setenta y seis, que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación, por una sola persona o sociedad, cuando implique perjuicios graves para el interés público; y el artículo 11, transitorio, de la propia Constitución, autoriza al Ejecutivo Federal para decretar la nulidad de dichos contratos y concesiones, entretanto el Congreso de la Unión y los Estados, legislan sobre los problemas, agrario y obrero. La facultad dicha, se encuentra expresamente condicionada por dos únicas circunstancias: la primera, que los contratos y concesiones que se nulifican, hayan traído por consecuencia, el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación y la segunda, que esos acaparamientos impliquen perjuicios graves para el interés público; e indudablemente hay acaparamiento, cuando la superficie de tierras concedidas, sobrepase al cálculo sobre cualquiera adquisición territorial, hecha por un particular o sociedad, y sobre todo, si el concesionario no llegó a cumplir con la obligación de colonizar los terrenos, con lo cual se hace evidente el perjuicio para la agricultura del país. La expedición de una ley reglamentaria sobre este punto, no es indispensable para que el Ejecutivo ejercite sus facultades, dadas las disposiciones categóricas del artículo 11, transitorio, del Pacto Federal; facultades que no pueden entenderse limitadas por los derechos de terceros perjudicados, porque tratándose del interés nacional, éste debe considerarse por encima de los intereses creados por el derecho privado. La función administrativa que en estos casos ejercita el presidente de la República, no está subordinada, en forma alguna, a juicio previo, por tratarse de un mandamiento de derecho público, cuya aplicación imperativa no puede demorarse por la falta de reglamentación, sin que tampoco puedan aplicarse las leyes anteriores a la Constitución, puesto que no pueden prevalecer sobre ella, ni modificar sus disposiciones.