ARRENDAMIENTO, FACULTADES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN MATERIA.

Las limitaciones a la libertad contractual tienen su origen y justificación constitucional en la facultad que tienen las legislaturas de los Estados para expedir sus Códigos Civiles, en los cuales siempre se establecen restricciones a la autonomía contractual, ya por razones de forma o de capacidad, o bien con el propósito de garantizar la igualdad entre los contratantes, o por razones que miran a la ilicitud del fin, del objeto o de la causa del acto jurídico; y semejante facultad jamás se les ha desconocido a las mencionadas Legislaturas por la Suprema Corte, teniendo en cuenta que toda facultad que no está concedida a la Federación se entiende reservada a los Estados (artículo 124 de la Constitución General de la República), y que la competencia para establecer restricciones a la libertad de contratación respecto de los arrendamientos urbanos no se halla otorgada al Congreso de la Unión de modo expreso ni implícito; de suerte que cada Legislatura Local está autorizada dentro de su jurisdicción territorial para legislar en la esfera de los arrendamientos urbanos y para imponer las relativas restricciones a la autonomía contractual, tanto más cuanto que esta facultad no se incluye dentro de las prohibiciones o limitaciones que el mismo Código Político establece respecto de los Estados (artículo 116 al 119 y 121).