ARRENDAMIENTO, PRUEBAS PARA LA DESOCUPACION POR FALTA DE SANIDAD.

El problema para determinar si la fracción IX del artículo 7o. del Decreto de congelación de rentas de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que previene que hay lugar a la rescisión del contrato de arrendamiento cuando las condiciones sanitarias de la finca exigen su desocupación, a juicio de las autoridades sanitarias, es aplicable de plano y con exclusión de cualquier otro género de pruebas, o bien si cabe probar contra el dictamen de las autoridades sanitarias, se resuelve en el sentido de que si el juicio de las autoridades sanitarias es emitido con intervención y defensa de la parte afectada, debidamente representada, indudablemente que de acuerdo con el texto y el espíritu de la disposición invocada, ésta es la prueba destinada a prevalecer, toda vez que las condiciones sanitarias, conforme al mismo, tienen que ser calificadas por la autoridad sanitaria y no por otra alguna; pero como en la práctica el juicio de la autoridad sanitaria se reduce a un informe u oficio fundado en el informe de un inspector de salubridad, si el juez se funda en el mismo para decretar la rescisión, contraría las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Por otra parte, si el citado artículo fuera aplicable irrestringidamente y con exclusión de toda clase de pruebas, la disposición sería inconstitucional.