REGISTRO PUBLICO, TERCEROS RELACIONADOS CON LAS INSCRIPCIONES EN EL.

Es un error confundir el tercero a que se refiere la ley civil, para los efectos del registro, con los extraños; pues por tercero, para los propios efectos, debe entenderse aquel que, sin intervenir en el acto contractual, deriva sus derechos del titular, con un título inscrito respecto del mismo inmueble; o, en otros términos, para los fines indicados, debe entenderse por tercero, a aquel que sin haber tenido intervención en el acto o contrato de que se trate, deriva sus derechos de un título que tiene el mismo origen que el impugnado por la falta de registro; pues lo contrario llevaría al extremo de que el registro de un título diera derechos preferentes, con perjuicio de quien lo ostenta, sobre el mismo bien, con título de origen diverso, aun cuando pudiera ser que fueran perfectos los de su causante y no así los del que hizo la transmisión registrada en primer término, decidiéndose en esta forma, por el solo concepto del registro, una cuestión de propiedad. En esta condiciones, un acreedor quirografario no puede tener más que un derecho general de prenda sobre los bienes del deudor, derecho que se singulariza mediante el secuestro; de tal manera, que sólo puede ser eficaz, en cuanto recae en bienes que corresponden al demandado, en el momento e efectuarse el secuestro; pero no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa del bien embargado en el Registro de la Propiedad, el creedor del vendedor tenga derecho a secuestrar y sujetar a las resultas del juicio, en cobro de una obligación personal, un bien que legalmente había salido del patrimonio de su deudor; y tampoco es jurídico que en presencia de una escritura que demuestra el derecho a la propiedad y a la posesión en favor del comprador, se sancione un despojo, para realizar y perfeccionar el secuestro, por medio de su inscripción en el Registro Público, con conocimiento, por parte de la autoridad, de que tal acto se realizó sobre un bien que no correspondía al deudor. Aunque el comprador no haya inscrito su título, es propietario respecto de los acreedores quirografarios del vendedor; la inscripción es indispensable en un conflicto de derechos reales y de su omisión no pueden prevalerse los acreedores quirografarios, quienes no creyeron necesario asegurar sus créditos con un derecho sobre la cosa, y puesto que no han tratado sino con la persona, es a ésta y no a la cosa a quien deben dirigirse. Por esta razón, un inmueble que los mencionados acreedores embargan, pueden legalmente considerarse como de la propiedad del acreedor que hizo la compra antes del secuestro, porque esto no da al que lo practica, un derecho real sobre lo embargado. Tal doctrina es sostenida por Troplong, Dalloz, Aine y Gómez de la Serna. Por otra parte, si el comprador reclama en amparo el secuestro, en las condiciones dichas, no se trata de una disputa sobre la propiedad del inmueble, entre el quejoso y el tercer perjudicado, sino de la reclamación de un embargo trabado en juicio, en el que no fue parte el quejoso; y, por tanto, la decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, no implica necesariamente el que tengan que resolver cuestiones de dominio, sino sólo si existe alguna afectación o vulneración al derecho de propiedad aparente, en favor del mismo quejoso; y desde ese punto de vista, debe también concederse el amparo, en cuanto a los derechos de posesión afectados por el acto reclamado, si la posesión se acredita; y si se otorga la protección constitucional respecto al embargo, necesariamente la consecuencia del fallo, será dejar sin efecto el registro y sus consecuencias.