NACIONALIZACIÓN DE BIENES, PROCEDIMIENTOS Y CADUCIDAD EN MATERIA DE.

Conforme a los dispuesto por la última parte de la fracción VI del artículo 27 Constitucional; el ejercicio de la acción de nacionalización de bienes, que corresponde a la nación, se hará efectivo por el procedimiento judicial. no importa que en algunas circunstancias se le haya dado carácter predominante administrativo o que por el sólo hecho de intervenir la Secretaría de Hacienda, conforme a la anterior Ley de Nacionalización, se deba considerar administrativo el procedimiento, pues la verdadera fisonomía de la nacionalización, por mandato constitucional, es judicial, y ese carácter no puede perderlo, cualquiera que sea la intervención de la autoridad administrativa. la nueva ley no hizo más que ajustarse a este criterio, que debe ser el predominante, al disponer que todos los asuntos de nacionalización no concluidos, se volverán a los jueces de distrito; y como ésta es una Ley Orgánica del Artículo 27 Constitucional, de aplicación inmediata, si alguna duda pudo caber respecto de la ley anterior, en cuanto a lo judicial o administrativo de la tramitación, quedó disipada a partir de la vigencia de la última y comenzaron a correr los términos, inclusive el de la caducidad, que le es claramente aplicable. el derecho moderno ha borrado para siempre la práctica de dejar la decisión de los juicios a la voluntad de las partes; los juicios deben concluirse breve y forzosamente, y si la parte a quien corresponde la actividad, abandona el ejercicio de su acción, por el tiempo que marca la ley, la sanción de caducidad opera de oficio o a petición de parte. ahora bien, si al iniciarse el procedimiento de nacionalización, estaba en vigor la ley que daba competencia a las autoridades administrativas para intervenir más o menos eficazmente en el proceso; pero antes de que éste concluyera por sentencia o resolución definitiva, se expidió y puso en vigor la nueva Ley de Nacionalización, que dio competencia a las autoridades del orden judicial federal y que dispuso en sus preceptos transitorios, que todos los procesos o juicios de nacionalización que estuvieren pendientes de concluirse, deberían pasar a la autoridad judicial para su terminación y fallo, por conducto de la procuraduría de justicia de la república; en tales condiciones, si esta dependencia ordenó a su agente respectivo, que promoviera la substanciación del juicio de nacionalización ante el Juez de Distrito, pero dicho agente dejó transcurrir mucho tiempo sin promover, por lo que la parte interesada solicitó que se declarara la caducidad de la acción de nacionalización, por haberse dejado de actuar por más de un año, conforme a la fracción IV, del artículo 373, del Código Federal de Procedimientos Civiles, debió declararse tal caducidad, sin que pudiera valer en contrario, el argumento de que el juicio se había iniciado con la promoción tardía del agente del Ministerio Público, pues este tuvo expedito el ejercicio de sus derechos para hacer efectiva la acción de la nación, ante el Juez de Distrito, desde la expedición de la nueva Ley de Nacionalización; aun más, desde la fecha en que le fue entregado el expediente administrativo y se le ordenó que promoviera ante la autoridad judicial, debió haber continuado sus promociones, hasta obtener el fallo correspondiente; de manera que si dejó transcurrir el término de un año establecido por la ley, sin hacer promoción alguna, era procedente la declaración de caducidad. la aplicación al caso, de lo dispuesto por el citado artículo 373, deriva claramente de lo estatuido por el artículo 26 de la Ley de Nacionalización, de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta, en el sentido de que "en todo lo previsto. . . . . serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles". es vano argüir, en contrario, que este último ordenamiento, disciplina tan sólo la caducidad del proceso, conforme a lo previsto en su Artículo 373, y que en el caso, la actividad administrativa elude tal determinación, pues el repetido precepto, por igual emplea las palabras "proceso" y "procedimiento", la última de las cuales es a todas luces aplicable. tampoco vale el argumento de que el "procedimiento" evacuado por ante la autoridad administrativa, se da con autonomía respecto del procedimiento judicial, propiamente dicho, y se desvincula de él. a esto cabe observar que el Artículo 5o. transitorio de la Ley Sobre Nacionalización de mil novecientos cuarenta, atribuye plena eficacia a las diligencias de prueba practicadas ante las oficinas de la Secretaría de Hacienda, esto es, durante el procedimiento anterior, el que habrá de continuarse ante el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que se haga la estimación correspondiente en la sentencia definitiva, con arreglo a las disposiciones de la misma ley, y en defecto de ellas, del Código Federal de Procedimientos Civiles. así queda definida la unidad del procedimiento: la instancia judicial se caracteriza como una continuación de la instancia administrativa. por último, la circunstancia de que en el caso, sólo faltara la sentencia definitiva, tampoco obsta para la declaración de caducidad, pues de acuerdo con el tantas veces citado artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se conforma a la exposición de motivos del propio código, la caducidad tiene lugar, cualquiera que sea el estado del procedimiento, si no se ha efectuado ningún acto procesal durante un término mayor de un año, así sea con el sólo fin de pedir que se dicte la resolución pendiente.