REMATE POR LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, DE INMUEBLES DADOS EN GARANTIA.

El artículo 233 de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1932, dice: "En los casos de créditos inmobiliarios o de crédito de habilitación o avío o refaccionarios, que tengan como garantía bienes inmuebles, las instituciones acreedores podrán proceder, a su elección, para obtener el cobro de dichos créditos: ... III. Haciendo vender, mediante corredor, al precio que se hubiere señalado en el contrato al efecto, o mediante remate al martillo, en los términos de la fracción siguiente, los inmuebles dados en garantía. Para efectuar la venta a que esta fracción se refiere, la institución acreedora procederá a notificar el deudor, ante notario, o en vía de jurisdicción voluntaria, la venta que tenga concertada o su intención de efectuar el remate. El deudor, en el término de tres días después de la notificación, tendrá el derecho de oponerse a la venta, acudiendo al efecto ante el Juez de primera instancia del lugar en que los bienes estén ubicados o al Juez competente en el domicilio de la institución acreedora. El deudor podrá oponer en forma legal las excepciones que tuviere. Del escrito de oposición se dará traslado por tres días al acreedor. Si se promueve prueba, el término no podrá pasar de veinte días. El Juez citará en seguida a una junta que se celebrará dentro de tres días, para oír los alegatos de las partes y dentro de los cinco días, para oír los alegatos de las partes y dentro de los cinco días siguientes pronunciará su resolución. Si se declara infundada la oposición, la institución acreedora podrá proceder desde luego a la venta o al remate, y el deudor será condenado en las costas y, además, el pago de una multa de cinco por ciento del interés del pleito, cuyo importe se adjudicará a la beneficencia pública. La resolución del Juez será apelable sólo en el efecto devolutivo.". Ahora bien, del anterior precepto se desprende con toda claridad el establecimiento de un procedimiento especial, en caso de ventas, mediante remate al martillo, de los inmuebles dados en garantías, que debe sustanciarse previamente a la venta, cuando haya oposición por parte del deudor, y dispone sin dejar lugar a dudas, que si se declara infundada la oposición, la institución acreedora podrá proceder desde luego a la venta o al remate, lo que quiere decir, inequívocamente, que mientras no se decida nada acerca de lo fundado o infundado de la oposición, no podrán realizarse los actos mencionados. Con respecto a los problemas, consistentes el primero, en que el deudor, al formular su oposición al remate que se le anuncia, está obligado a hacer valer las excepciones que tuviere, o bien puede hacerlo después, al contestar la demanda que en su contra entable la institución acreedora, en la vía contenciosa, y el segundo, en que si, en realidad la oposición que presentó el deudor, debió haber sido tramitada o resuelta, declarándola fundada o infundada, o si careció de toda virtualidad para provocar una decisión judicial de esa naturaleza; debe decirse respecto del primero, que en verdad, del texto de la disposición transcrita, no se desprende claramente cuál sea el momento en que el deudor debe oponer sus excepciones, pues consigna el derecho de formular la oposición y el de alegar las excepciones en párrafos distintos, habiendo además un argumento de peso para concluir que las excepciones no deben, necesariamente, hacerse valer al formularse la oposición, y es el que se deriva de la naturaleza misma de aquéllas. Las excepciones, en efecto, dentro de la técnica procesal, son defensas que hace valer el demandado para destruir la acción que se ha deducido en su contra o para dilatarla, y esto supone, naturalmente, la previa existencia de una acción, lo que no ocurre cuando la institución acreedora, como en el caso, simplemente da a conocer al deudor, ante notario o en vía de jurisdicción voluntaria, su intención de sacar a remate el bien inmueble que le ha sido dado en garantía. No obsta, desde luego, para llegar a esta conclusión, el hecho de que en el juicio ejecutivo mercantil y en el caso previsto por el artículo 488 del Código de Procedimientos Civiles vigentes, se establezca que el deudor, al oponerse a la pretensión del acreedor, debe hacer valer concomitantemente sus excepciones, pues se trata de hipótesis distintas a la que tiene en cuenta la Ley de Instituciones de Crédito, y no pueden, por ello, servir de disposiciones supletorias. Pero independientemente de lo anterior, considerando el segundo problema a que se ha hecho referencia, hay que tener en cuenta que en la especie, el deudor, al ser notificado de la intención del banco, de sacar a remate la casa de su propiedad que había sido dada en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por él, en el contrato de préstamo refaccionario celebrado, formuló su oposición acudiendo al efecto ante un Juez competente en el domicilio de la institución acreedora, e hizo valer, en su escrito respectivo, las defensas que estimó pertinentes, solicitando que se abriera un término de prueba a fin de poder comprobar sus alegaciones, por lo que debió haberse sustanciado esa oposición y declarada fundada o infundada. Cierto es que se alega en contra, que la oposición fue formulada en vía de jurisdicción voluntaria, lo que significa que la promoción del deudor no fue oposición que establece el artículo 233, fracción III, de la Ley General de Instituciones de Crédito y que, por ello, no pudo haber pruebas, alegatos ni sentencia, ni estuvo obligado al banco a suspender sus procedimientos tendientes a la venta de la finca rematada, pero tal alegación carece de fundamento, porque, en primer lugar, es evidente que la oposición pudo haber sido formulada en jurisdicción voluntaria desde el momento en que no existía contienda alguna entre las partes, nacida del ejercicio de una acción ante los tribunales y que si la ley prevé que la notificación se haga ante notario o en jurisdicción voluntaria, es obvio que la oposición a la misma puede hacerse en dicha vía, sin que ello obste para que esa oposición constituya el último acto que se realice en tal forma; y la institución acreedora, ante la renuncia del deudor a aceptar el remate de la finca de su propiedad, en los términos en que pretende realizarse, se ve obligada a abrir la vía contenciosa mediante la correspondiente acción que ejercite; y, en segundo lugar, no hay que perder de vista que, en todo caso, si la oposición fue formulada sin fundamento alguno y en una vía inadecuada, ello debió conducir a que, previa la sustanciación de los trámites necesarios, se le declarara infundada, pero de ninguna manera pudo dar lugar a que no se le tramitara. En consecuencia, si el deudor formuló su oposición, haciendo valer las defensas que estimó pertinentes y solicitando la apertura de un término de prueba para justificar sus aseveraciones; y si el Juez del conocimiento no sustanció la oposición por todos su trámites, declarándola fundada o infundada, es evidente que no se cumplieron los requisitos que señala el artículo 233, fracción III, de la Ley General de Instituciones de Crédito, y que, por tanto, no pudo haberse promovido legalmente el otorgamiento de la escritura de venta ni haberse hecho al deudor la prevención y el apercibimiento que se le hizo, por lo que estuvo en lo justo la Sala responsable al estimarlo así y revocar los autos que ordenaron hacer esa prevención y ese apercibimiento, siendo ilegal, en cambio, la sentencia del inferior que estimó lo contrario.