ARBITROS, NOMBRAMIENTO DE LOS.

El artículo 73 de la Constitución establece las bases conforme a las cuales se integran los diversos tribunales que forman el Poder Judicial del Distrito Federal y la manera de designar a las personas físicas que han de poseer la cualidad de órganos del Estado, según lo expresa, en lo conducente, la fracción VI de dicho artículo que dice: "Los Jueces de primera instancia, menores y correccionales del Distrito Federal y de los Territorios, serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos que la ley señala y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los términos que la misma ley determine". Por otra parte, además de señalar la Constitución en quien radica el poder de creación, señala también los requisitos para que el designado pueda considerarse capacitado legalmente para desempeñar sus funciones, como aparece del artículo 128 de la propia Constitución, que dice: "Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen". De los anteriores conceptos, relacionados entre sí, se llega a la conclusión de que para ser órgano del Estado, es indispensable estar investido del cargo, por quien tenga facultad de creación, y otorgar la protesta a que alude el citado artículo 128. El requisito de la protesta viene a dar valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función. Ahora bien, si en el caso a estudio, ningún órgano competente, conforme a la Constitución y con facultades de creación, ha investido al árbitro como órgano estatal, porque la Sala responsable no pudo designar ni reconocer atribuciones jurisdiccionales a un árbitro, ya que de acuerdo con la Constitución, la misma no tiene facultad para designar árbitros que decidan las controversias suscitadas entre las partes, dicho nombramiento debe declararse ilegal; y aunque dicha Sala se funde en el artículo 9o., transitorio, del Código de Procedimientos Civiles para hacer el nombramiento de árbitros, debe decirse, por las razones expuestas, que tal precepto pugna con la Constitución, que de una manera clara y precisa señala los órganos del Poder Judicial, entre los cuales no se comprende a los árbitros. En estas condiciones, si el artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, como los árbitros a que se refiere el artículo 9o., transitorio citado, no son propiamente tribunales previamente establecidos, resulta que se ha violado el precepto citado y debe concederse el amparo que por tal motivo se solicite.