PRUEBA TESTIMONIAL RENDIDA EN UN PROCESO PENAL, VALOR DE LA, EN UN JUICIO CIVIL.

Es principio procesal, que la prueba de testigos debe rendirse ante el Juez de los autos, o ante el que éste comisione al efecto, en los casos establecidos por la ley, sujetándose a las formalidades y requisitos que fija el Código de Procedimientos Civiles. Por tanto, es evidente que las declaraciones rendidas ante un funcionario del orden penal, no pueden admitirse en la jurisdicción civil, como prueba testimonial, privándose a las partes del derecho a repreguntar y tachar a los testigos, y menoscabando la facultad del Juez, para interrogarlos sobre los puntos que estime convenientes, a fin de investigar la verdad y de allegarse por directa intervención en la recepción de la prueba, los elementos de juicio indispensables para su valorización, que la ley deja al arbitrio judicial. En consecuencia, debe estimarse que las susodichas declaraciones rendidas ante una autoridad del orden penal, por carecer de los requisitos necesarios para ser consideradas como prueba testimonial, sólo constituyen indicios merecedores de análisis, para determinar si de ellos puede deducirse una presunción digna de fe.