COPROPIETARIOS, LAS SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS RELATIVOS A LA COSA COMUN, EN QUE SOLO UNO DE ELLOS ES DEMANDADO, PRODUCEN EFECTOS EN CONTRA DEL OTRO.

Si la casa sobre la cual se constituyó la hipoteca era de la propiedad de una sociedad conyugal, y el adeudo garantizado por dicha hipoteca, era carga de la propia sociedad, la cual se disolvió al entrar en vigor la Ley de Relaciones Familiares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o., transitorio, del Código Civil vigente en el Distrito y Territorios Federales, quedando convertida desde entonces en una copropiedad entre consortes, debe considerarse que esta copropiedad como continuación de la sociedad conyugal, es responsable de las deudas contraídas por ésta. Ahora bien, si uno solo de los copropietarios es demandado en un juicio hipotecario, la sentencia que se dicte, produce efectos en contra del otro, aun cuando éste, por no haber figurado en la demanda, tampoco haya figurado en la sentencia. En efecto, según el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, "el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial"; por lo que debe estimarse que también puede contestar una demanda en la misma calidad, obligando con sus actos a los demás condueños. El argumento es a fortiori, no a pari, ya que para interponer una demanda, el copropietario dispone de todo el tiempo que quiera para obtener el consentimiento de la mayoría de los demás, en tanto que para contestar una demanda, puede carecer del tiempo indispensable para obtener ese consentimiento. Por tanto, si este requisito no es necesario para que el condueño actúe como demandante, con mayoría de razón tampoco deberá serlo para que actúe como reo. A esta consideración de índole exegética, puede agregarse otra de carácter dogmático, pues no hay razón jurídica alguna para limitar el alcance del citado precepto, a sólo la parte actora, excluyendo al demandado, ya que no existe una diferencia sustancial entre la acción y la defensa, dentro de la concepción moderna de entre ambos institutos. Mauro Miguel y Romero en su obra Principios del Moderno Derecho Procesal Civil, expresa. "Tanto la acción como la excepción, son derechos autónomos o, por lo menos, medios legales concedidos para la respectiva defensa de los derechos que suponen tener y pretenden que sean tutelados, el actor y el demandado. Para distinguirlas, se ha llamado a la acción derecho de ataque, y a la excepción derecho de defensa, pero esto representa un retroceso al tiempo en que las cuestiones litigiosas, se dirimian, sin resolverse, por el combate judicial. Ni siquiera metafóricamente podemos admitir esa nomenclatura procesal, porque en la doctrina moderna, no se trata de la defensa de los litigantes, sino de la defensa de los derechos que cada uno alega corresponderle, con el fin de descubrir la verdad de hecho o a la verdad legal, en la que haya de apoyarse una resolución justa. Por eso acontece, sobre todo si las obligaciones son recíprocas, que el concepto de actor o de demandado sólo depende del momento o de la propiedad con que plantean sus correspondientes derechos". Por otra parte, aun partiendo del falso supuesto de que el condueño que figure en un proceso, no represente a los demás, puede invocarse otra consideración no menos decisiva para estimar que aunque el procedimiento se haya seguido exclusivamente en contra de uno de los copropietarios, no existe motivo para considerar nulo ese procedimiento, a solicitud del otro que no intervino en él, porque según el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles citado, la sentencia firme sólo produce acción y excepción contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente al juicio; y es claro que quien se siente afectado en sus derechos por un proceso de esa naturaleza, puede ocurrir a los tribunales haciendo uso de los medios que concede la ley para evitar que causen esos perjuicios, o para que se reparen los que ya le fueron causados; pero entre esos medios de defensa, seguramente no está incluido el juicio autónomo de nulidad, porque el procedimiento de esa naturaleza, no se encuentra reglamentado en alguna legislación procesal común.