FUNCIONES PUBLICAS, CONDICIONES PARA DESEMPEÑARLAS.

No basta que un empleado al servicio del Estado demuestre que sigue prestando los servicios que se le han encomendado, para determinar su condición jurídica de estar en el desempeño de las funciones públicas que le corresponden, porque si se trata de un visitador, para que tales funciones públicas se consideren debidamente desempeñadas, se necesita forzosamente una delegación del poder público, que sólo puede constituirse por medio del nombramiento del superior jerárquico autorizado para expedirlo y la vigencia de dicho nombramiento, o sea, que el mismo no haya sido cancelado, y si por virtud de un acto de autoridad legítima, el nombramiento se cancela, aun cuando el interesado demuestre que siguió prestando después de la cancelación, de determinados servicios materiales, no por esto habrá comprobado para los efectos de la suspensión, que el acto de cese que reclama no ha tenido lugar, ya que lo que interesa en el ejercicio de una función publica, no es tanto la prestación material del servicio a que está destinado el trabajador, sino que tales servicios estén desempeñados por quien tiene la necesaria delegación del poder público; y así, cuando alguien se ostenta, por ejemplo, como inspector fiscal, sin serlo, y levanta determinadas infracciones, podrá existir una suposición o prolongación de funciones penadas por la ley; pero de ningún modo una función legal de autoridad competente, por lo que si el nombramiento de un empleado ha sido cancelado, sin que se demuestre lo contrario, pues el simple ejercicio del cargo no prueba la legitimidad del carácter con que el empleado lo desempeño no pueden existir los agravios alegados, siendo en cambio fundada la resolución del Juez de distrito que niegue la suspensión definitiva de que se trata.