COMPETENCIA EN AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR ORDEN CIVIL EN LA.

La fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expresa que corresponde conocer a la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de los juicios de amparo que se promueven en única instancia, contra las sentencias definitivas dictadas en asuntos judiciales del orden civil. De los términos de este precepto legal y de su espíritu, resulta que el legislador tuvo en cuenta, para definir la competencia, de un modo principal, la naturaleza y condición especial de los asuntos. El concepto de orden civil esta contrapuesto a los asuntos del orden penal o del orden administrativo, para dilucidar la competencia de la tercera Sala, con relación a las otras dos. Así, pues, no basta que exista una sentencia judicial definitiva, para que sea reclamable en juicio de amparo ante la tercera Sala, sino que es preciso que esa sentencia sea dictada en un asunto del orden civil, sentencia con la que debe culminar el procedimiento en el mismo orden. La anterior tesis fue sustentada por la Suprema Corte de Justicia, en las competencias suscitadas con motivo del conocimiento del juicio de amparo promovido por el señor Octavio Romero, contra actos del Congreso de la Unión, del presidente de la República y del Juez quinto de lo civil y en la competencia entre la segunda y tercera Salas de la Suprema Corte, para conocer del juicio de amparo promovido por el representante jurídico de la United Sugar Co., S. A. contra actos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Ahora bien, el criterio sustentado en las ejecutorias de referencia, es aplicable al caso de una competencia suscitada entre Jueces de Distrito, en materia civil y en materia administrativa, respectivamente, para conocer de un juicio de amparo que se promueve contra un Juez del orden civil, que ordena se de posesión de una finca en favor del rematante, en un procedimiento económico coactivo, seguido por la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, quien llevó a cabo el remate, y la competencia debe decidirse en favor de un Juzgado de Distrito en materia administrativa, de conformidad con la fracción II del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.