PERITOS, DESIGNACION DE LOS ( LEGISLACION DE QUERETARO).

La designación de peritos en un juicio, es un derecho que la ley concede a las partes, el cual pueden, o no ejercitar, y aunque la ley previene que cuando no lo ejerciten, el Juez en su rebeldía, designará el perito que le corresponde a la parte omisa, esto sólo significa una garantía más para aquel derecho que la ley no quiere dejar a merced de la contraparte; pero de ninguna manera que la parte omisa tenga obligación de nombrar su perito, y menos que hayan de ser forzosamente dos peritos los que deban de dictaminar y que, de no ser éstos, aun ya designados y admitidos como tales, haya lugar a interpretar que la parte no omisa en la designación del suyo, se considere agraviada por ello, aun cuando también se haya designado al perito tercero en caso de discordia, ya que la ley autoriza al Juez y no lo obliga a aceptar precisamente el dictamen de éste, sino que puede elegir el que estime más justo de los rendidos. En estas condiciones es claro que deben de dictaminar tanto el perito de la parte que hizo la designación, como el nombrado por el Juez en rebeldía de la otra parte y en su caso, el perito tercero; pero cuando hay una manifestación expresa de renuncia al derecho de designar el perito, que es a lo que equivale la manifestación de adherirse al nombramiento hecho por el colitigante y la petición de que se tengan por no existentes las designaciones de peritos que se hubieren hecho, es indudable que se opera el caso previsto por el artículo 465 del Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, en cualquier momento en que esa manifestación se haga, y aun después de presentado el dictamen del perito de la contraparte, pues este precepto no exige que el acuerdo sea de presencia, esto es, manifestado simultáneamente por las partes y habida entre ellas en una convención previa a esa manifestación, pues basta que una de las partes exprese su conformidad con la designación hecha por la otra y hasta con el dictamen que su perito haya presentado, para que se pueda tener por renunciado el derecho de la parte conforme, a objetar dicho dictamen, o a oponer otro, sin que la otra parte tenga derecho a exigir que el perito de su contraria primeramente designado, o el que el Juez hubiere nombrado en su rebeldía, dictaminen, pues esto sería tanto como obligar a su contraparte, a utilizar servicios periciales que no desea que le presten, y a pagarlos, ya que son de su cargo los honorarios de esos peritos. Además, el acuerdo que exige la ley, no es precisamente el de las partes con la persona del perito, en atención a las capacidades de éste o a su honorabilidad, sino en atención a que tenga título en la ciencia o arte a que correspondan los puntos sobre los que ha de recaer el dictamen, ya que aquellas circunstancias son de mera apreciación individual de las partes, y en todo caso, afectan la responsabilidad que los peritos contraen y puede hacerse efectiva por quien se considere defraudado.