INTERVENCION, SUSPENSION TRATANDOSE DE.

Durante la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios Federales de 31 de diciembre de 1928, que solamente consideraba como auxiliar de la administración de justicia, a los síndicos e interventores de un concurso, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia sostuvo la tesis de que los cargos de interventor, depositario judicial, síndico y otros análogos, se ejercen por una delegación de la autoridad y no exclusivamente en virtud de reclamaciones jurídicas de carácter privado; y que si el poder público designa esas personas, puede removerlas y vigilar su manejo y que debe reputarse que los actos ejecutados por esos administradores judiciales, no son actos de simples particulares, sino que se ejercen por un órgano del poder público y que se pueden suspender los actos no consumados, y aun el manejo de esos administradores. Ahora bien, con mayor razón, en la actualidad en que la Ley Orgánica de los Tribunales establece el carácter de auxiliares de la administración de justicia para los depositarios e interventores, independientemente de continuar reconociéndoles tal carácter a los síndicos e interventores de concursos y quiebras, debe sustentarse igual criterio. Por otra parte, los actos de los interventores son de tracto sucesivo, susceptible de suspensión, y ésta debe concederse, con los requisitos pertinentes, para el efecto de que cesen en sus funciones.