TUTELA, RENDICION DE CUENTAS DE LA.

Todo el que administra bienes ajenos, está obligado a rendir cuentas a los interesados en la administración, y si alguno de éstos es mayor de edad, con capacidad jurídica completa, puede aprobarlas sin restricción alguna; pero cuando la cuenta respectiva comprende bienes pertenecientes a personas incapacitadas, menores de edad, o sujetas a tutela, las cuentas administrativas no pueden rendirse al incapacitado, en razón de la misma incapacidad que lo inhabilita para aprobarlas. Teniendo en cuenta esa situación, la ley, en auxilio de los incapacitados, ha creado instituciones jurídicas que tienen por objeto cuidar de los bienes y derechos del incapacitado, y por tal motivo, la autoridad judicial y las instituciones creadas por el legislador, intervienen en la administración de los bienes de los incapaces, en la rendición de las cuentas de sus bienes y en la aprobación de ellas, en tanto continúa en incapacidad. En el código procesal vigente, fueron creados Jueces especiales para intervenir en la administración de los bienes de los incapacitados, especialmente de los menores de edad, y éstos son los Jueces pupilares; además, la ley civil instituyó el Consejo Local de Tutelas, con el propósito de suplir con personas capaces, la ineptitud del menor; de donde se sigue que cuando la rendición de cuentas se hace al dueño de los bienes y éste es un incapacitado, esas cuentas deben rendirse a las personas que suplen su incapacidad y ante las autoridades judiciales que la completan, mediante un procedimiento peculiar, en el que intervienen personas e instituciones especiales, con el objeto de aprobar esas mismas cuentas. El artículo 912 del código procesal actual, consagra el procedimiento encaminado a la protección del incapacitado y ordena que la rendición y aprobación de las cuentas que rindan los tutores, se fijan por las disposiciones del artículo 519 del mismo ordenamiento, precepto que reglamenta la rendición de cuentas a las personas capaces; pero establece las limitaciones ahí especificadas y que se refieren especialmente a la intervención del Juez pupilar, del curador y del Consejo Local de Tutelas. La intervención del Juez, del curador, y del Consejo Local de Tutelas en la rendición de cuentas del tutor, tiene por fundamento jurídico la incapacidad del menor. Ahora bien, ¿esta incapacidad hace que en todos los casos de rendición de cuentas de tutela, sea indispensable que intervengan las personas indicadas y que funcionen los organismos mencionados en la fracción III del artículo 912? para resolver este problema jurídico, basta tener en cuenta el objeto que se propuso el legislador, al crear esas instituciones y ordenar la intervención de todas las personas que completan la incapacidad jurídica del menor o del sujeto a interdicción; porque cuando las cuentas se rinden a una persona mayor de edad, la ley no exige que intervengan personas diversas del interesado en las cuentas, porque carecería de objeto proteger a un mayor de edad; en cambio, cuando intervienen en ellas un menor o un incapacitado, el propósito de la ley es cuidar de los bienes de éstos y vigilar su administración; por tanto, cuando el menor llega a la mayor edad y ha pasado el tiempo suficiente, en concepto del legislador, para que el pupilo se independice de la voluntad del tutor, aquél, una vez salido de la tutela, tiene capacidad jurídica suficiente para contratar, y por lo mismo, recibe a prueba la cuenta de la administración de sus bienes, ya que es inconcuso que por tener íntegra personalidad jurídica, tiene capacidad para defender sus propios intereses. En conclusión, no porque el artículo 912 del código procesal enumere a las personas que deben intervenir en la rendición de cuentas del incapacitado, debe exigirse que siempre intervengan esas personas, ya que su actuación tiene por objeto sustituir la incapacidad del dueño de los bienes, hasta el momento en que pueda intervenir válidamente en sus asuntos; por tanto, si el tutor del incapacitado se convierte, por la muerte del menor, en su único heredero, y es designado albacea de la sucesión, a quien debe rendir las cuentas de la tutela es, indiscutiblemente, al dueño de esos bienes, a la persona que representa la personalidad jurídica del desaparecido o a su albacea, el cual no tiene ya el carácter de persona incapacitada, ni requiere institución jurídica alguna que complemente su personalidad. En un caso de esta naturaleza, las cuentas de la tutela deben ser rendidas al albacea, sin que esta rendición requiera la intervención de la autoridad judicial, salvo el caso de que existiera conflicto entre el tutor y el nuevo representante del incapacitado. Mas si el tutor tuviere posteriormente la calidad de albacea de la sucesión de su tutoreado, es inconcuso que ese mismo tutor estuvo perfectamente capacitado para rendir, en su calidad de tutor, las cuentas de administración, y tuvo también facultades en su calidad de albacea, para aprobarlas; sin que necesite de formalidad jurídica alguna, y sin la intervención de la autoridad judicial; sin que sea tampoco necesaria una declaración especial de que, en su calidad de tutor, rendía las cuentas, y otra acerca de que, como albacea de la sucesión, las aprobaba, pues es evidente que este formulismo resultaría superfluo, si se tiene en cuenta que las personalidades de tutor y albacea se confundieron en una sola persona.