PRESCRIPCION MERCANTIL CUANDO ES APLICABLE LA LEY DE MORATORIA.

El término de la prescripción de tres años que señala el artículo 1044, fracción I, del Código de Comercio, empieza a correr al siguiente día de la fecha que se fija en el documento mercantil, base de la acción, para que el deudor haga el pago; por lo que si desde esa fecha hasta la en que fue expedida la Ley de Moratoria de Pagos, ya habían transcurrido más de dos años, es claro que la expedición de la invocada Ley de Moratoria, no interrumpió el término de la prescripción que venía corriendo, sino únicamente lo suspendió; por lo que no puede tener aplicación al caso, el artículo 1124 del Código Civil del Distrito Federal de 1884, adoptado en el Estado de Morelos, ya que la interrupción de la prescripción sólo tiene lugar en los casos a que se contrae el artículo 1117 de la citada ley sustantiva; es decir, en aquellos en que tratándose de la prescripción negativa o exonerativa, la interrupción proviene de actos de la voluntad del acreedor, del deudor o de ambos; pero no en virtud de un hecho ajeno a esas voluntades, como lo es la expedición de una ley que autoriza al deudor a demorar el pago por determinado tiempo; por lo que habiéndose suspendido tan sólo, el término de la prescripción, tan pronto como esa suspensión cesó, continuó corriendo dicho término, sin que deba considerarse como inutilizado el ya transcurrido. Por otra parte, la ley de pagos de 13 de abril de 1918, levantó la expresada moratoria, respecto de un veinticinco por ciento de la suerte principal y de la totalidad de los intereses, por lo que el término de la susodicha prescripción, siguió corriendo en la fecha de esta última ley; de manera que si el acreedor promueve seis años después de la expedición de esta última ley, las diligencias de reconocimiento de firma del pagaré que presenta como título ejecutivo, es claro que ese veinticinco por ciento de la suerte principal y los réditos vencidos, han prescrito, conforme al repetido artículo 1044, fracción I, del Código de Comercio, pero el setenta y cinco por ciento restante de la obligación principal y los réditos vencidos después de esa fecha, no pueden estimarse prescritos, desde el momento en que, por lo que a este tanto por ciento respecta, la moratoria establecida por la citada ley de 14 de diciembre de 1916, siguió en vigor hasta la expedición, en 28 de agosto de 1926, del decreto que levantó totalmente esa moratoria; y si el acreedor presentó un ocurso, el 30 de octubre de 1926, es claro que interrumpió dicha de prescripción, puesto que ya suspenso el término de éste, en 14 de diciembre de 1926, a los dos años nueve meses y dieciocho días transcurridos de ese término, hay que agregar el transcurrido entre el 31 de agosto de 1926, fecha en que se publicó en el Diario Oficial, el decreto de 21 de julio del propio año, que levantó totalmente la moratoria referida, y el 30 de octubre del mismo año, en que presentó su mencionado ocurso el acreedor, y resultan dos meses que, sumados a los dos años nueve meses, dieciocho días, sólo produce un término de dos años once meses y dieciocho días; o, lo que es lo mismo, falta para la prescripción de tres años, invocada por el deudor, doce días.