NACIONALIZACION DE BIENES.

La ley que suprimió las comunidades religiosas, que es de fecha veintisiete de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, ordena, en su artículo 5o.: "el Gobierno entregará sus dotes a aquellas de las religiosas que no las hubiesen recibido todavía, y mientras esto sucede, proveerá a la manutención de las interesadas"...; "toda religiosa que esté sin dotar, ocurrirá a este Ministerio o jefe de hacienda en los Estados, para que desde luego se le entregue su capital, o mientras esto sucede, se le auxilie para sus alimentos"; y siendo esto así, no cabe la menor duda que los capitales que como dote tuvieron las monjas, pasaron a ser propiedad de particulares, puesto que a las mismas monjas se entregaron para que pudieran subsistir, y por tanto, el hecho de que en una escritura consta que a una monja exclaustrada se le ha otorgado la propiedad de un bien raíz, en lugar de establece una presunción de que los bienes son de la iglesia, establece la prueba contraria, o sea, de que los bienes de la iglesia pasaron a manos de particulares.