POSESIONES Y DERECHOS.

Como consecuencia de la redacción de los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte claramente que es necesario para la legitimidad de un acto, por el cual se prive a una persona de sus posesiones, que se haya seguido en su contra, de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento, y no simplemente, que ese acto pueda tener un fundamento legal, aun cuando los que resulten afectados no sean parte en el juicio; así, no puede considerarse debidamente motivada legalmente fundada, una determinación judicial, sino cuando se dicte en un juicio dirigido contra quien resulte, o pueda resultar, afectado por la resolución.