TRIBUNAL DE ARBITRAJE, INCOMPETENCIA DEL.

Si el tribunal de arbitraje al emitir su laudo, considera que la supresión de una plaza es contraria al orden constitucional y condena al titular demandado a reinstalar al trabajador en la plaza suprimida y pagarle salarios y a que se le incluya en el proyecto de Presupuestos de Egresos que debe regir en el año siguiente al de su cese, estas consideraciones son enteramente ajenas a la materia jurisdiccional del Tribunal de Arbitraje en orden a su competencia, de acuerdo con lo que previene el artículo 99 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que el acto de supresión es atribuible a la Cámara de Diputados y no al titular, y aun en el supuesto de que se estimara que dicha cámara carece de facultades para el propósito indicado, no obstante lo que dispone el artículo 74 fracción IV constitucional y la Ley Orgánica del Presupuesto, la ilegalidad de este acto debía haberse reclamado de la Cámara de Diputados ante los Tribunales de la Federación, aplicando lo que estatuye el artículo 103 y demás relativos de la Constitución Política. Así pues, la condena a que se contrae el referido laudo, equivale a obligar al titular a transgredir el contenido del Presupuesto de Egresos, extendiendo nombramiento para una plaza que no está comprendida en el mismo, y por lo tanto, conculca garantías individuales.