IMPUESTO AD-VALOREM.

El decreto de dieciocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, modificado por los decretos de veinte de agosto y de veintiocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho en cuanto a la tarifa que creó el impuesto ad-valorem y sobre tasa, emana del Congreso de la Unión y reúne los requisitos de proporcionalidad, equidad y aplicación a los gastos públicos, requeridos por el artículo 31 constitucional. Por tanto, no puede estimarse violatorio de garantías, tanto más cuanto que es inexacto que deban considerarse como una invasión a las facultades del Congreso, las atribuciones que se otorgaron al Ejecutivo para que provea, con la rapidez y eficacia que requiere la vida económica del país, a la fijación de los precios oficiales, dentro de los lineamientos fijados por el Poder Legislativo al crear el impuesto respectivo.