JUNTAS, NO PUEDE SUPEDITAR SUS RESOLUCIONES A LOS FALLOS DE AUTORIDADES DE DISTINTO ORDEN, EN TRATANDOSE DE FALTAS DE PROBIDAD U HONRADEZ.

Las juntas no están obligadas a adaptar su criterio, tratándose de faltas de probidad, al de las autoridades penales, cuando estas investigan si el hecho en cuestión, constituye un delito; porque, por una parte, pueden existir faltas de probidad que hagan imposible el que se siga cumpliendo el contrato de trabajo, sin que estas lleguen a revestir la gravedad de un delito debidamente caracterizado, o puede ocurrir que por no haberse ejercitado la acción penal que correspondía, la autoridad judicial encuentre que no han se reunido los elementos constitutivos de determinado delito; de manera que las Juntas no pueden supeditar sus resoluciones a los fallos de autoridades de distinto orden, sino que, en una consiente apreciación de las pruebas aportadas, deben buscar la demostración de que se han cometido actos contrarios a la probidad y a la honradez, y cuya comisión está sancionada con la rescisión del contrato de trabajo.